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VEISTEN, Knut

Deficiencias en la organización del servicio de aseo : un caso donde la contratación no funciona en la práctica como en la teoría - Caracas : CLAD, Junio 2007

En muchas ciudades del mundo, el servicio de aseo urbano y domiciliario ha sido contratado a compañías privadas. Aunque este tipo de privatización tiene buenos argumentos económicos, hay elementos institucionales y organizativos que pueden impedir la realización de los resultados teóricos esperados. El análisis de un caso en una urbanización dominicana permite identificar las causas de las deficiencias observadas en un sistema de servicio de aseo basado en contratos. Dos elementos clave en los contratos entre el sector público y compañías privadas son la transparencia y la estructura de incentivos. En el caso que se analiza, la transparencia está ausente en cuanto a la licitación y el contenido de los contratos. No es solamente por limitaciones financieras que un servicio de aseo resulta mediocre. Por causa de incentivos negativos la capacidad no es utilizada de la mejor manera. Aunque la municipalidad paga por una cantidad específica llevada a un destino final, una combinación de costos de transporte y falta de supervisión puede dar al contratista incentivos y posibilidades para abandonar. Esto explicaría la existencia de vertederos irregulares a un costado del trayecto hacia el destino final, junto con la actividad no autorizada de recolectores particulares, quienes encuentran un mercado por la poca cobertura y baja calidad en el servicio de aseo ejecutado por los contratistas. El mejoramiento del servicio de aseo empieza con la organización y la institucionalidad, más que el financiamiento y la eficacia técnica. Se debe hacer transparente la competencia por los contratos y detallar el contenido a todos los usuarios. También se debe informar a los usuarios sobre los costos de niveles alternativos de servicio y fijar un nivel ajustado a la disposición a pagar, cumpliendo con las exigencias de salud pública y de igualdad. Además, se debe involucrar a representantes de los usuarios en la supervisión, con el fin de aumentar la probabilidad de que el contratista y los recolectores particulares sean penalizados si no cumplen con las exigencias establecidas


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