Entendidas como decisiones tomadas desde una posición de poder, que buscan el mayor provecho posible para el espacio público a partir de una selección deliberada de temas y alternativas de acción, las políticas públicas están siempre e inevitablemente vinculadas a una posición ética. Esta posición puede ser explícita o no; puede estar inscrita en el modelo de análisis elegido, en el tipo de racionalidad atribuida a los actores implicados en ella o trasladarse al estudio de las restricciones que enfrentará el curso de acción propuesto, pero en todo caso será inevitable.

El propósito de este texto es ofrecer argumentos para subrayar la importancia de incorporar el estudio de la ética al análisis de las políticas públicas de forma sistemática y deliberada, dentro de su corpus epistemológico, a fin de evitar los riesgos latentes (y muchas veces verificados) que esa ausencia puede generar tanto en el diseño como en la implementación de los cursos de acción elegidos por el Estado. Estos riesgos se refieren, entre otros, al uso del poder público para favorecer intereses privados; a las externalidades negativas (en el lenguaje de la economía) que se producen al estudiar un solo problema de la agenda pública, sin referencia al espacio público en su conjunto; o al desatino en el diseño elegido por una determinada afirmación de valores, que no se corresponde con las posibilidades de éxito de la política pública.

Este artículo no se ocupa de los actos de corrupción propiamente dichos (es decir, de las distintas formas que adopta de manera deliberada la apropiación privada e ilegítima del espacio público), porque el objetivo de este trabajo no es proponer una ética específica opuesta a los comportamientos contrarios a ella, sino discutir que el estudio de la ética es, en sí mismo, relevante para el éxito o el fracaso de las políticas públicas, aun cuando todos los actores involucrados en una decisión del Estado actúen de manera moralmente impecable. El punto es que, aun bajo esas condiciones ideales, la ausencia de referencias explícitas a la ética puede producir desviaciones y fracasos irreparables en la selección de problemas y en los cursos de acción elegidos. Y si bien la incorporación de la ética no es una garantía infalible para que esos errores no se produzcan de todos modos, sí puede serlo para mitigar los efectos de un mal uso de los recursos públicos y para impedir que la acción del Estado se fragmente sin horizonte y sin brújula, entre políticas públicas que se justifican a sí mismas, sin ninguna referencia ética