Se plantean reflexiones acerca de la experiencia de reforma de la gestión pública en Chile. Se reseñan los fundamentos de las reformas del Estado en función del enfoque de políticas públicas y con el objetivo principal de eliminar la pobreza. Se alude al mejoramiento de la toma de decisiones, a la realización de cambios institucionales y a la orientación a resultados. La reforma del Estado emprendida por el gobierno del Presidente Frei tiene como centro de preocupación la inversión en la gente, en la capacitación, la educación y la salud. Invirtiendo la ecuación habitual, se piensa que la reforma del Estado no resultará automáticamente en mejoras políticas, sino que dicha reforma debe hacerse en torno al diseño, la gestión y la evaluación de las políticas públicas. El enfoque de políticas públicas permite plantearse la reforma del Estado como un proceso de avances consistentes, graduales y complementarios, que puede ser objeto de reformulaciones. En este proceso, la gestión del sector público será crecientemente descentralizada y reguladora, más que centralizada y proveedora directa de bienes y servicios. El sector público debe especializarse y diversificar sus ofertas, con una creciente privatización de la opción y un financiamiento compartido en la demanda, frente a una multiplicidad de proveedores. Es preciso mejorar el análisis y la toma de decisiones políticas. La definición de la agenda pública en lo social, político y económico es determinante de la estabilidad y del carácter reformista de la democracia. Al mismo tiempo, debe favorecerse la participación de la comunidad y del sector privado, con una mayor representación social de los beneficiarios en este proceso. La reforma de la gestión pública implica la realización de cambios institucionales, con la revisión del papel y la estructura de los organismos públicos y el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación. Se impone el aumento de la eficacia en el gasto público y mejorar la atención y la calidad en la prestación de los servicios públicos. Para ello se propone la incentivación de la competencia y la privatización de las empresas que provean bienes y servicios en mercados competitivos. En el marco de la modernización de la gestión se propone el desarrollo de un estilo de gestión pública en la que ésta se oriente por resultados. Esto requiere una definición clara de misiones y objetivos, la caracterización de productos y resultados, la asignación de responsabilidades específicas, flexibilidad y autonomía en materia administrativa, financiera y de personal, y un sistema de incentivos ligados al logro y superación de las metas. El objetivo principal del gobierno actual es la eliminación de la pobreza. En esta tarea histórica, el Estado reconceptualizado de acuerdo con las necesidades de la época moderna, seguirá teniendo un papel importante que desempeñar. Los resultados dependerán de la calidad de la gestión pública, de una utilización más apropiada del gasto público, de modo de hacer lo mismo con menos recursos o más con los mismos recursos, lo que es técnicamente posible y éticamente imperativo.