Se examina el proceso de modernización de la administración pública italiana, a partir de las situaciones de crisis ocurridas en los años 1990. Se comentan las orientaciones generales y los principales logros de la reforma administrativa realizada durante el gobierno de Ciampi, se reseñan las dificultades y resistencias halladas, y de discuten las limitaciones y fracasos del proceso.

A comienzos de los años noventa se manifestaron en Italia cuatro crisis, a saber: una crisis política, marcada por la ingobernabilidad y la partidocracia; una crisis político-administrativa, causada por el descubrimiento de amplias formas de corrupción; una crisis financiera, derivada del crecimiento del gasto público; y una crisis económica, causada por los altos costos impuestos por las tradicionales ineficiencias estatales al sector productivo.

La respuesta a estas crisis fue la implementación de un proceso de modernización político-administrativa, cuyas principales etapas fueron: la Ley General sobre Procedimiento Administrativo de 1990; la Ley delegada de 1992 y los decretos de 1993 para la reforma de la contratación pública; el referéndum de 1993 que abolió el escrutinio proporcional en la elección del Senado; las leyes de 1993 y 1994, el programa de reforma administrativa del gobierno de Ciampi, y en particular la Ley Financiera de 1994.

La reforma administrativa alcanzó durante el gobierno de Ciampi una importancia sin precedentes. La acción del gobierno se orientó en las siguientes direcciones: devolver la soberanía a los usuarios; agilizar las administraciones públicas; disminuir el gasto fiscal de las administraciones públicas; hacer más neutral y correcta la acción administrativa; acercar los poderes públicos italianos a Europa.

Las resistencias al proceso de reforma partieron en primer lugar de los sectores afectados por las medidas adoptadas, y en segundo lugar de los partidos políticos. Las dificultades interpuestas por los sindicatos fueron significativas, así como las provenientes de las burocracias particulares. Otro tipo de dificultades provino del Ministerio del Tesoro, considerado usualmente como el aparato de

tutela de la función pública. Entre los fracasos y aciertos parciales del gobierno de Ciampi en relación con la reforma administrativa se incluyen los siguientes: la reconstrucción de aparatos suprimidos por los referendos revocadores; el reordenamiento de las circunscripciones judiciales; la decisión en torno al personaje de la antigua caja para la Italia meridional; la normativa concerniente a la utilización de beneficios especiales por parte de empleados de los partidos; y el bloqueo de los automatismos de aumento de los sueldos.

Se concluye que el mayor fracaso del gobierno de Ciampi consistió en no haber logrado movilizar a los usuarios en torno al control de los prestadores de servicios. Los usuarios, poco concientes de

sus propios derechos y mal organizados, no hicieron oir su voz en relación con los cambios necesarios para mejorar servicios considerados como decadentes e ineficientes.