Se examina la ética en la gestión pública, a la luz de una serie de valores sociales. Se considera la falta de ética en función de las formas autoritarias de gobierno y el sometimiento del poder judicial. Se describen las relaciones entre actores, víctimas, cómplices y entregadores, y se plantean algunas propuestas en el sentido de la revalorización y la educación en materia de ética.

Los principios de la ética y los valores sociales que la sustentan no dependen de las circunstancias, sino que son imperativos anteriores a la experiencia, fines en sí mismos. La actuación de acuerdo con estos valores hace posible la convivencia en sociedad, sobre la base de la equidad, la libertad, la solidaridad, la justicia y la dignidad.

La evaluación de la conducta de los agentes públicos y del funcionamiento del aparato estatal en términos de ética puede hacerse según las siguientes circunstancias: el vacío ético, donde quienes deciden no responden por sus actos, hay impunidad; la dualidad ética, donde se predica una idea a la vez que se la ignora o contradice en la práctica; y la ética mínima, de carácter reactivo, basada en la conveniencia.

El análisis de la cuestión ética en el caso del sector público requiere considerar el contexto socio-político-económico en el que se desenvuelven los gobernantes. En este contexto, es posible identificar las condiciones en que se producen las desviaciones éticas y los abusos de poder. Algunas realidades propias del poder del Estado pueden ser el sustento de los abusos de poder y de la inmoralidad en actos de gobierno, y hacer del aparato estatal un ámbito de inmoralidad.

Algunas de las condiciones que enmarcan la falta de ética son: formas autoritarias de gobierno; falta de formación de agentes públicos; impunidad de los funcionarios; estructuras de concentración de poder; dependencia del gobierno de grupos de interés; peso del partido de gobierno en las decisiones de políticas públicas; formas jurídicas complicadas y oscuras; falta de transparencia en actos de gobierno; ausencia de representantes de usuarios y beneficiarios en los servicios públicos; procesos judiciales lentos y costosos; y presión electoral.

La ética no se agota en el compromiso individual, sino que incluye elementos de la estructura pública. En esta compleja red de relaciones, es preciso considerar la actuación de los funcionarios que utilizan inadecuadamente el poder, de las sociedades que tratan de sacar ventajas de la fuerza del aparato estatal, y de las tramas destructivas armadas en el aparato estatal, donde sus integrantes actúan en forma ilícita como parte de un proyecto político o económico.

El abordaje de la cuestión ética exige enfrentar una trama destructiva que se perpetúa sobre la base de relaciones de poder. A este respecto, una propuesta válida consiste en retornar a los valores fundamentales, considerando los siguientes factores: la voluntad política; la transparencia; la educación en el plano de los principios, valores, responsabilidad y respeto de los derechos; y desarrollo de formas participativas y representativas para la satisfacción de los intereses y necesidades sociales.