Se examinan los antecedentes históricos y las condiciones para la realización de una reforma de orientación gerencial en la administración pública brasileña. Se discuten las bases teóricas de la reforma gerencial, haciendo referencia a las dimensiones de lo público y lo privado, y se consideran las dificultades y las posibilidades actuales para su implementación. La reforma del Estado en el Brasil se presenta como una necesidad en razón de la profunda crisis económica y sobre todo de la crisis del propio Estado, ante la necesidad de adaptarse eficazmente a los cambios ocurridos en el escenario económico mundial. Esta crisis puede definirse como una crisis fiscal, crisis del modo de intervención del Estado, como una crisis de la forma burocrática de la administración pública y como una crisis política. Las respuestas de la sociedad a estas diferentes dimensiones fueron diferentes. La primera fue la democratización, que encauzó las soluciones políticas, seguida de las reformas económicas que propiciaron la estabilización económica. Sin embargo, en lo que concierne al modo de intervención del Estado y a la organización burocrática de la administración pública, las respuestas concretadas en la Constitución de 1988 representaron un clásico ejemplo de vuelta atrás, hacia modelos que tuvieron vigencia en décadas anteriores. La adopción de estas orientaciones trajo como consecuencia que algunas de las distorsiones más graves de la administración pública a nivel federal se mantuvieran o se profundizaran. Tal es el caso de la pérdida de autonomía de la denominada administración indirecta, y sobre todo, el establecimiento de privilegios injustos como parte de un programa mal entendido de protección al funcionariado público. Esto se manifiesta principalmente en la rigidez de la estabilidad laboral y en las exageradas prebendas jubilatorias. La propuesta actual de reforma, que ha venido cobrando fuerza con el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, se orienta hacia una administración pública gerencial, que flexibilice las relaciones laborales y que establezca vínculos dinámicos entre Estado y sociedad, sobre la base de una concepción clara de lo público y de lo privado. En este marco, se define la existencia de cuatro sectores dentro del Estado: 1) el núcleo estratégico del Estado; 2) las actividades exclusivas del Estado; 3) los servicios no exclusivos o competitivos; y 4) la producción de bienes y servicios para el mercado. Esta propuesta pretende superar la dicotomía clásica que confunde lo estatal con lo gubernamental, y que hace que la privatización aparezca como una única opción para superar la ineficiencia de las organizaciones gubernamentales. En consecuencia, se propone un proceso de "publicización", que incluye la creación y promoción de organizaciones sociales, de carácter público, pero sometidas al derecho privado. Entre las reformas más importantes que se deben emprender se encuentra la reforma constitucional, porque de ella depende la mayoría de las demás reformas. Se considera que en el momento actual están dadas las condiciones para emprender esta reforma, ya que se cuenta con el apoyo de amplios sectores, incluyendo la alta gerencia pública, cuya participación, junto con la voluntad política del gobierno, es un factor clave de éxito.