Se examina el financiamiento de los partidos políticos y sus relaciones con la corrupción en América Latina. Se describen los principales rasgos comparados de la financiación política, y se plantean las posibles reformas dirigidas a reducir la influencia del dinero en las campañas proselitistas y a mejorar el uso del mismo propiciando su inversión en actividades más productivas para la democracia. El financiamiento legal de los partidos políticos busca aliviar la carga financiera de los mismos y fortalecer su independencia ante poderosos grupos económicos, crear condiciones de mayor equidad, y disminuir en la medida de lo posible las causas del financiamiento ilegal, del narcofinanciamiento y de la corrupción política. Sin embargo, en la realidad, el tema del financiamiento de los partidos y de las campañas electorales se identifica como una de las principales causas de corrupción política, principalmente por tres factores: una demanda creciente por llevar a cabo campañas cada vez más costosas; una disminución creciente de los aportes de los afiliados y del trabajo voluntario; y una ausencia de mecanismos eficaces de control en el manejo de los recursos financieros por parte de los partidos y de los candidatos. Desde una perspectiva comparada, se pueden considerar una serie de rasgos característicos de la financiación de los partidos políticos en América Latina, entre los cuales se destacan los siguientes: 1) sistemas de financiación públicos, privados o mixtos; 2) modalidades de financiación pública: directa e indirecta; 3) actividades objeto de financiamiento público; 4) momento de entrega del financiamiento público directo; 5) límites a los gastos de la campaña electoral; 6) restricciones o prohibiciones a los partidos políticos; 7) obligaciones de los partidos, con particular énfasis en la rendición de cuentas; 8) regulaciones sobre el financiamiento privado. Las propuestas de reforma en materia de financiación política tienen como objetivos centrales: reducir la influencia del dinero mediante la disminución de su impacto, acortando las campañas, fijando topes a los gastos e imponiendo límites a las contribuciones individuales: mejorando el uso del dinero invirtiéndolo en actividades más productivas para la democracia y no simplemente derrochándolo en propaganda y en campañas negativas; poner coto en lo posible a los actuales niveles de corrupción política; y fortalecer la publicidad y transparencia en el uso del dinero. Las reformas propuestas abarcan diferentes aspectos del problema, sin embargo, no basta con la implementación de reformas legales, si ésta no se fundamenta en un cambio de índole cultural, apoyado por un esfuerzo de pedagogía pública. Es preciso modificar la forma de hacer política, en lo que concierne a la actitud, los valores y el comportamiento de los propios políticos. La época actual demanda un reacercamiento de la acción política a la ética, una nueva convergencia entre ética y política, y en el cumplimiento de este propósito vital tanto para la Administración Pública como para la salud y el futuro de la democracia en la región, la financiación política juega un papel central.