Ensayo que intenta centrar la atención en la necesidad de mejorar el Gobierno Judicial, entendido éste como el conjunto de tareas que se desprenden del proceso de formación de políticas judiciales, así como de las instancias organizacionales responsables de su desarrollo y las capacidades gerenciales que éstas poseen para dirigirlo. La necesidad de fortalecer el Gobierno Judicial del Sector Justicia del Estado, o de la compleja y disgregada estructura organizacional que conforma el Sistema de Administración de Justicia, en parte proviene de las carencias de direccionalidad que padece en la actualidad, pero también obedece a los nuevos problemas de gobernabilidad del Sector que surgen de los nuevos intentos de cambio institucional. Los viejos desafíos del Gobierno Judicial se refieren a la eficiencia y eficacia de la función jurisdiccional del Estado y su incidencia sobre el desarrollo económico social de las poblaciones y de la gobernabilidad de los respectivos sistemas políticos democráticos. Los nuevos desafíos del Gobierno Judicial derivan de las posibles deficiencias en la concepción y diseño de las actuales propuestas y cursos de acción de las reformas judiciales, emprendidas a partir del ajuste institucional a la globalización de la economía. Problemas que a su vez pueden incrementar las dimensiones de los viejos desafíos. Ante dichos desafíos, el Gobierno Judicial se encuentra, primero, con el obstáculo de una compleja estructura organizacional disgregada que hace difícil la coordinación de las actividades de las distintas instituciones que componen el Sector Justicia. Y, segundo, con carencias gerenciales para conducir adecuadamente el proceso de formación de las políticas judiciales que supone el asumir la solución de los viejos y nuevos desafíos. En este contexto, el tratamiento de la variable institucional es un condicionante de importancia para lograr la eficacia de los Sistemas de Administración de Justicia. Entendida esta eficacia, no sólo como el logro de objetivos y la creación de productos jurídicos, sino también como su incidencia sobre el desarrollo económico-social de los pueblos y la gobernabilidad de las democracias. Tema de obligada reflexión y debate, si se sustrae el problema de la eficacia judicial al tratamiento exclusivamente jurídico y se recomienda un análisis multidisciplinario y una intervención integral. El trabajo considera las carencias detectadas en la formación de políticas judiciales por parte de los Estados y en las posibles alternativas de solución que permitan incrementar los rangos de calidad de la justicia como un producto institucional, a la vez que logren la utilización óptima de los recursos que suelen ser escasos debido al pobre financiamiento que recibe el Sector Justicia. También considera el problema de la descoordinación de las funciones de Gobierno Judicial, normalmente atribuidas a instituciones organizacionalmente separadas y con elevada autonomía administrativa. En suma, el trabajo intenta provocar la reflexión y el debate sobre los presentes desafíos del Gobierno Judicial y sobre las alternativas para fortalecer la capacidad de gobierno de los Estados sobre el Sector Justicia, y que podrían considerarse en las reformas judiciales en curso.