Se examina el concepto de reforma administrativa y se muestra la necesidad de la misma para el Japón, en el nuevo contexto de globalización mundial. Se reseñan las propuestas de cambio adelantadas por las Comisiones para la reforma administrativa y para la descentralización; a nivel del gobierno central, en particular en el gabinete ministerial, y a nivel de los gobiernos locales, prefecturas y municipios. La reforma administrativa es el principal reto que confronta el Japón en la actualidad, como una condición ineludible para mantener la prosperidad económica y social que caracterizó la evolución de este país a partir de los años 1960. El régimen centralizado, que fue de utilidad para la concreción de importantes logros, es en este momento un obstáculo para la consolidación de un desarrollo sustentable en un marco internacional altamente competitivo y globalizado. Las propuestas concretas de reforma han sido formuladas por el Comité para la Promoción de la Reforma Administrativa, presidido por el Primer Ministro, y el Comité de Promoción de la Descentralización, establecido por una ley nacional. Las áreas más relevantes de la reforma administrativa son, por una parte, la reestructuración del gabinete ministerial, y por otra parte, la renovación total del sistema de gobiernos locales. En lo que concierne a la reestructuración del gabinete, está planteada la atribución de mayores poderes a la figura del Primer Ministro, a efectos de lograr una mejor coordinación de las medidas de reforma, así como garantizar la profundización y estabilidad de los cambios. Paralelamente se estudia la reducción del número de ministerios, a partir de la fusión de éstos y de agencias ministeriales, así como la redistribución de funciones claves, tomando en cuenta la necesidad de delegar competencias hacia niveles locales de gobierno. La renovación total del sistema de gobiernos locales implica en primer lugar la transferencia, por parte del gobierno central, de las responsabilidades para el cumplimiento de nuevas funciones, así como de los recursos materiales y de personal para poder hacerlo de manera satisfactoria. Desde el punto de vista administrativo, se destaca la necesidad de incrementar la autonomía decisoria de los gobiernos de prefectura y de municipios, a efectos de poder actuar tanto en la recaudación de recursos como en la asignación de gastos e inversiones de la manera más eficaz posible. En términos generales, se señala que la reforma administrativa debe orientarse hacia una más efectiva formulación de políticas y hacia una implementación más eficiente de las mismas por parte de los gobiernos locales, en coordinación con las directivas del gobierno central. Por consiguiente, se destaca la importancia de establecer vínculos apropiados entre los sistemas de planificación, presupuesto y realización de las políticas públicas, y de institucionalizar estos vínculos, de modo que promuevan una activa participación de la ciudadanía en los asuntos que son de su competencia. C.S./M.T.