Se reseña el proceso de cambios en la administración pública de Corea del Sur, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el momento actual. Sen consideran los logros alcanzados en este proceso, el estado actual de la cuestión, y se discuten las perspectivas de futuro de la reforma administrativa en este país, tomando en cuenta las condiciones de globalización y de competitividad a nivel internacional. Desde la finalización de la Guerra de Corea, los sucesivos gobiernos han procurado lograr determinadas metas, tales como restaurar el orden y reconstruir la nación, responder a las demandas de democracia por parte de los ciudadanos y promover el crecimiento económico nacional. A partir de los primeros años de la década de 1980, las reformas administrativas se orientan a la reducción del tamaño del Estado y la creación de una sociedad más justa. El gobierno de Kim Young Sam (1993-1998) tuvo como meta el establecimiento de una administración democrática y eficiente, la creación de un gobierno orientado hacia la gente con el suministro de mejores servicios, confiable, transparente y fuerte. Bajo el lema de "reinventar una nueva Corea" el gobierno de Kim Young Sam creó el Comité de Innovación Administrativa (AIC), con el propósito de facilitar el camino para la implementación de audaces reformas en la administración pública. El mayor efecto de los esfuerzos de reforma del AIC fue el de promover la responsabilidad del gobierno coreano, incrementar la participación del público en general y dar prioridad a la transparencia en todas las acciones. Paralelamente, el AIC se esforzó por reducir el tiempo de las tramitaciones y por abolir prácticas burocráticas que atentan contra los derechos básicos de los ciudadanos. En términos generales, la acción del gobierno se orientó en procura de una administración pública eficiente y responsable. A tales efectos, la acción se realizó en torno a los siguientes ejes: promoción de la desregulación en materia económica, ubicación de la conveniencia de los ciudadanos en primer lugar, simplificación de procedimientos administrativos, reestructuración del gobierno, establecimiento de gobiernos locales autónomos, y promoción de la competitividad de la administración pública. Sin embargo, el gobierno de Kim Young Sam careció de lineamientos generales de política que sustentasen sus metas y objetivos. Las operaciones del gobierno sudcoreano deberían ser sometidas a un proceso de reingeniería en respuesta a las exigencias de la economía de la eficiencia, a los desafíos planteados por las nuevas tecnologías de la información y/o a las demandas de mayor calidad en los servicios. Las organizaciones públicas o apoyadas por el gobierno, caracterizadas como autoritarias, politizadas, monopolizadas, que buscan satisfacer sus propios intereses, deberían ser modificadas o eliminadas. El principio de competencia debería ser incorporado al servicio civil y recurrir a expertos externos a la administración pública para mejorar el desempeño en un contexto de globalización y especialización. C.S./M.T.