Se examina el proceso de reforma del Estado en América Latina, caracterizando sus etapas y sus tendencias predominantes. Se describe la estructura de las instituciones democráticas en los países de la región, se identifican las reglas de juego de los representantes del ejecutivo, de la legislatura y de los grupos de interés, y se discuten las condiciones políticas que propician o que obstaculizan los cambios necesarios. Los gobiernos de los países latinoamericanos han realizado importantes avances en el camino hacia la reforma de la estructura del Estado y del proceso de elaboración de las políticas. En una primera etapa, la reforma se centró en medidas macroeconómicas y de ajuste, en respuesta a la crisis desencadenada en la década anterior, pero no profundizó en la realización de los cambios estructurales necesarios. En la actualidad, los gobiernos enfrentan la difícil tarea de consolidar los mecanismos para la reforma, en particular en relación con dos aspectos fundamentales: la creación de instituciones apropiadas para garantizar la marcha del proceso y la prosecución de la descentralización administrativa. El debate en torno a la estructura de las instituciones democráticas se centró durante un tiempo en las ventajas y desventajas relativas de los regímenes parlamentarista y presidencialista de gobierno. En realidad, es posible atribuir algunas de las más importantes fallas que se atribuyen al presidencialismo, al sistema de partidos que desempeña un papel fundamental en la creación de las condiciones facilitadoras u obstaculizadoras del proceso de reforma desde diferentes puntos de vista. En los países con tradición federalista, con un Ejecutivo que cuente con el apoyo de una mayoría parlamentaria de su partido o de una coalición estable, y con un sistema de partidos cohesionado y con apropiadas vinculaciones con los sectores laborales, las probabilidades de llevar a cabo profundas reformas administrativas, económicas y sociales son mayores. Por el contrario, en países en los que el Ejecutivo no cuenta con una mayoría que lo respalde y con un sistema de partidos fragmentado o polarizado, las dificultades para implementar las reformas serán mucho mayores, en razón de un juego de incentivos que empujan a los políticos a satisfacer intereses particulares, debido a la necesidad que tienen de forjar bases de apoyo en el electorado o en los grupos de interés. Se concluye que, a diferencia de la iniciación de la reforma, la consolidación de la misma implica que los líderes políticos enfrenten el reto de dotar de credibilidad al proceso, estabilizando las expectativas del electorado respecto al mismo. Esta consolidación requiere del apoyo de grupos claves de interés del sector privado, y por lo menos la aprobación tácita o explícita de amplios grupos del sector público. Sin una alianza adecuada entre los políticos, las élites tecnocráticas y los distintos segmentos de la población que se benefician con la reforma, las probabilidades de que ésta se consolide y se profundice son mínimas. La reforma no representa sólo el cambio de mecanismos administrativos, sino el cambio de las reglas de un juego de índole política. C.S./M.T.