En el umbral del nuevo milenio, la administración pública es una posición en la que se enfrentan muchos problemas comunes y desafíos similares que debe confrontar.

Las tendencias contrastantes que agitan la estructura administrativa impulsan, por tanto, hacia la búsqueda de nuevos modelos organizativos que tengan en consideración ciertas mutaciones que han ocurrido, así como la pluralidad de servicios con los que la administración debe cumplir. No obstante, es necesario evitar que las nuevas funciones se traduzcan en procedimientos más complicados, para los que, por ende, sería necesario reconsiderar la organización de acciones administrativas, a fin de simplificar los procedimientos lo más posible.

Al mismo tiempo, la administración ha de considerar el hecho de que el beneficiario de sus acciones no es apenas un cliente, sino también y más importante, un ciudadano. La administración en este respecto no es sólo un proveedor, sino que es, por sobre todas las cosas, un instrumento a través del cual se obtiene la satisfacción de los derechos y necesidades. Por consiguiente, deberá estar orientada hacia el ciudadano, esto es, deberá considerar al ciudadano como una persona, retratada en un contexto social y una dimensión histórica, por los que las acciones de la administración se conviertan en una función necesaria para promover el crecimiento del ser humano.

A fin de que la administración armonice con las expectativas de la comunidad social, es necesario considerar los siguientes tres perfiles esenciales:

a) la ampliación de la noción de ciudadanía desde un punto de vista tanto subjetivo, como objetivo;

b) el establecimiento de una relación más equitativa entre los funcionarios públicos y el público en general, en la que la administración pública se perciba menos como oficinas autoritarias y vice versa más y más como instrumentos engranados hacia la producción de servicios;

c) la necesidad de una gama elaborada de medidas de garantía y de instituciones orientadas hacia la procura del logro efectivo de los derechos de los ciudadanos, basado en la convicción de que dichas instituciones reflejan una obligación organizativa coherente de los gobiernos locales.

La nueva relación entre la administración pública y los ciudadanos consiente en el enriquecimiento del principio general que caracteriza la actividad de la administración con nuevos significados, por ejemplo, el principio de imparcialidad y eficiencia.

Los nuevos aspectos de una administración pública moderna y democrática son:

a) una organización que aprende;

b) una organización que se auto evalúa;

c) una organización que está cercana a sus ciudadanos: auxilio, equidad, proximidad;

d) una organización que se organiza, identificando las medidas e institutos que brindan derechos efectivos.

El derecho de los ciudadanos a una administración eficiente se configura como un rompecabezas, que no será concreto sin la capacidad real de colocar las piezas juntas que se requieren para la imagen total. En particular, es necesario que la administración sea capaz de garantizar los siguientes derechos a los ciudadanos:

a) el derecho a la información;

b) el derecho al entendimiento;

c) el derecho a ser comprendido;

d) el derecho a un comportamiento correcto y profesional;

e) el derecho a los controles y la evaluación.