El trabajo pretende analizar la cuestión de la reinvención de los servicios sociales en el marco de la construcción de ciudadanía. En este sentido se reconoce que un problema esencial consiste en establecer nuevos arreglos institucionales que permitan incrementar la eficiencia del gasto social. Pero se admite que éste no puede ser el único problema a abordar si se aspira construir una nueva arquitectura social que supere los déficit del pasado.

Al respecto, se acude a una evidencia central: la institucionalidad preexistente está caduca. Lo está no sólo porque los arreglos basados en la provisión monopólica de los servicios sociales por parte del Estado no han mostrado ser eficientes y porque en las nuevas condiciones su sustentabilidad tiene escasa viabilidad. También está caduca habida cuenta de que el paternalismo estatal tiene como contracara la pasividad y la despolitización social, y, por tanto, el modelo que hasta ahora ha imperado es incapaz de aportar al desarrollo de mayores niveles de autoorganización y de corresponsabilización social.

Teniendo en cuenta lo anterior, el "cómo" organizar los servicios sociales no sólo debe responder a la búsqueda de una mayor eficiencia sino a la constitución de sujetos autónomos y responsables. Pueden contribuir a tales propósitos, la creación de círculos virtuosos entre el sector público estatal y el no estatal, la descentralización administrativa y la participación social. Sin embargo, tales medidas también pueden generar efectos adversos por lo que es necesario considerar las lecciones que aporta la experiencia. Al respecto, el trabajo provee de una serie de indicaciones.

Finalmente se sustenta que así como tener en cuenta la perspectiva de los "deberes sociales" puede contribuir a la construcción de ciudadanía, no es posible olvidar su otra dimensión: la de los derechos sociales, sobre todo, a partir de los profundos déficit que existen en América Latina y que comprometen el logro del desarrollo y el real ejercicio de la democracia. En este sentido, primero se destaca la importancia del monto del gasto público que se destine a la inversión social y, muy especialmente, de la cantidad de recursos que se obtengan a tales fines, considerando las significativas holguras que existen en América Latina en materia de tributación. En segundo lugar, se sostiene que la democratización de la institucionalidad política es clave para lograr que tales decisiones, relativas a los gastos e ingresos públicos, se orienten por el objetivo de la equidad.