Se presenta un marco para el diagnóstico de los problemas de eficacia y eficiencia que encaran las administraciones públicas en América Latina. Se exponen las características de los modelos de administración pública propuestos para abordar estos problemas en los países más avanzados, y se discute su adecuación para atender la realidad compleja que confrontan los países de la región.

La necesidad urgente de introducir reformas en las administraciones públicas de América Latina y el Caribe es cada vez más objeto de consenso en la región, aunque la forma de proceder a este respecto no está clara. En el área administrativa no ha surgido un paradigma claro de reforma como lo ha habido en el área económica, para atender los graves problemas de eficacia, eficiencia y atención a las necesidades que encaran en las actuales circunstancias las administraciones públicas en la región.

Entre los modelos de administración pública que se han propuesto en los países avanzados para abordar estos problemas se incluyen el modelo jerárquico y la Nueva Gestión Pública. El modelo jerárquico ha funcionado bien para circunscribir la libertad de los políticos y para crear un servicio público profesional, pero en el momento actual ya no es viable, al favorecer la ineficiencia y la inflexibilidad. La Nueva Gerencia Pública aparece como una opción alternativa, acorde con las exigencias de una sociedad moderna, y se caracteriza por proponer la delegación de la toma de decisiones, con una orientación hacia los resultados, hacia los clientes y hacia el mercado.

Las reformas que se han aplicado al sector público en América Latina se han dado en dos niveles. En primera lugar, las reformas han podido ser sido aisladas o permanentes, y en segundo lugar, se han aplicado a través de enclaves o en forma global en la administración pública en su conjunto. Los resultados han sido satisfactorios al aplicar reformas aisladas en enclaves, pero no lo han sido en el caso de las reformas de procesos y globales. Una característica fundamental del comportamiento político y burocrático del gobierno es la desobediencia de las reglas formales. La informalidad está arraigada profundamente en la sociedad, habiendo penetrado tanto al sector público como al privado. Resulta entonces que la modificación de las normas formales no tendrá efecto alguno si no cambian los incentivos.

Dadas las condiciones mencionadas, se plantea una intensa discusión acerca de la conveniencia de que los países de la región "pasen de un salto" a la Nueva Gestión Pública. A este respecto, el mejor consejo sea tal vez el de proceder con cautela. Los países que desean aprovechar las enseñanzas de la Nueva Gestión Pública deberían adoptar un enfoque más escalonado para efectuar la reforma de la administración pública. Una secuencia podría ser el establecimiento de controles externos fiables, una presupuestación realista y algún tipo de inversión en un cuerpo de funcionarios públicos profesionales. Posteriormente, el sistema podría avanzar hacia el establecimiento de controles internos, lo que daría a los organismos públicos una considerable flexibilidad administrativa.