Se examinan los aspectos más relevantes de las experiencias vinculadas a la introducción de reformas con base en la Nueva Administración Pública (New Public Management - NPM), haciendo referencia a la devolución de autoridad, gerencia de personal y uso de mecanismos tipo mercado. Se comentan las dificultades encontradas en la práctica y se discuten las posibles estrategias para el futuro.

Los países latinoamericanos, casi en su totalidad, han estado llevando a cabo experiencias de reforma en el sector público, siguiendo las ideas formuladas por la corriente conocida como Nueva Administración Pública. En estas iniciativas se han incorporado uno o más de los elementos centrales de las propuestas de la NPM, combinados en diferentes formas e implementados de maneras particulares en cada país en cuestión. En todos los casos, en poco tiempo se puso en evidencia que la implementación de la NPM genera numerosas dificultades en relación con los objetivos y con los valores de la administración pública. En cierta medida, esto obedece al énfasis puesto a menudo por las reformas en los aspectos económicos, probablemente en desmedro de la atención requerida por las dimensiones legales y políticas.

La NPM es concebida, en una concepción restringida, como fruto de la combinación de ideas de la nueva economía institucional y de la aplicación de principios del sector empresarial al sector público. En una concepción más amplia, la NPM es percibida en forma más pragmática, no como una filosofía sino como una respuesta racional a las presiones que enfrentan los gobiernos para construir una administración pública eficiente y efectiva. Entre los elementos más destacados de las reformas se incluyen los siguientes: devolución de autoridad, incremento de la flexibilidad, desarrollo de la competencia y de la escogencia, mayor responsabilidad ante los ciudadanos, mejor gerencia de recursos humanos, uso de la tecnología informática, fortalecimiento de las funciones de dirección a nivel central.

No existe un modelo único de implementación de las reformas, por lo que la preocupación de los gobiernos, en tanto organizaciones que aprenden, debería centrarse en la búsqueda del mejoramiento permanente a través de diferentes iniciativas. Se recomienda identificar y definir con claridad los objetivos principales de la reforma, y evaluar sucesivamente cada uno de los pasos que se van dando para lograrlos. Es esencial incorporar la dimensión humana en el proceso de reformas, así como examinar si están dadas las condiciones institucionales que pueden garantizar el éxito de las mismas.

El comportamiento ético de los funcionarios públicos se ha convertido en un punto crítico para los gobiernos delos países miembros de la OCDE. En esta materia, la organización publicó un conjunto de lineamientos que incluyen doce principios para su aplicación en el servicio público, destinados a ayudar a que los países miembros revisen las instituciones, los sistemas y mecanismos que poseen para promover la ética en el servicio público. Estos principios pueden ser utilizados provechosamente tanto en el nivel central como en los niveles subnacionales de gobierno.

El desafío de la reforma de la administración pública en América Latina