Se examinan las relaciones entre las diversas iniciativas de reforma del Estado y el desarrollo, haciendo especial referencia a los países latinoamericanos. Se señala el agotamiento de los modelos de desarrollo y se afirma el carácter multifacético del problema. Se destaca la importancia de la sociedad civil en el proceso, al tiempo que se plantean las severas limitaciones existentes.

La preocupación actual en torno al desarrollo se puede atribuir en gran medida a la comprobación de un triple agotamiento. En primer lugar, se agotó el modelo capitalista depredador que predominó en los últimos dos siglos. En segundo lugar, se agotó también el modelo neoliberal con el que se intentó, en los años setenta, dar respuesta a la crisis del Estado. Y en tercer lugar, se agotó la crisis de la izquierda, tras haber alcanzado su plena explicitación en el contexto de los cambios estructurales sufridos por las sociedades contemporáneas.

El fracaso de la propuesta neoliberal, expresado en la profundización de la pobreza y de las desigualdades en los países en desarrollo, ha sido denunciado por varios de sus principales defensores, en el marco del consenso de Washington. En este sentido, se habla la necesidad de un acuerdo post-Washington, en el que reconsideren los lineamientos anteriormente establecidos. Sin embargo, a pesar de que se tiene conciencia de la situación, no se dispone de un nuevo modelo apropiado para superarla.

En estas condiciones, cabe dar respuesta a la interrogante de qué Estado se desea: un Estado para viabilizar el mercado o un Estado que ofrezca parámetros a partir de los cuales sea posible una convivencia dignificante, justa e igualitaria. Se trata de resolver cómo transformar las demandas e intereses particulares, que crecen y se multiplican incesantemente, en una energía generadora del interés general.

El rediseño del Estado se caracteriza por ser polifacético. En efecto, no es posible negar la importancia de la dimensión gerencial de la crisis actual. Pero también el problema del Estado apunta a la necesidad de modificar sus estructuras, el patrón organizacional y la cultura que tipifica sus instituciones. También cabe consignar una dimensión constitucional, referida al marco jurídico y normativo más amplio: Finalmente, existe una dimensión política, vinculada con las capacidades societales, las filosofías y loa estilos de gobierno.

El proyecto democrático que se plantea para dar respuesta a las demandas de las sociedades destaca la importancia de la participación de la sociedad civil. Pero este proyecto corre el riesgo de bloquearse ante la falta de politización de la sociedad civil. Se trata de reinventar la política como práctica y como proyecto, retomar la dimensión política de modo de que pueda ir más allá de la política tradicional de los políticos, alcanzando la vida misma de las personas, de modo de ayudarlas a resolver sus necesidades, a fortalecer los valores socialmente instituidos y a forjar un "sentido común" para la vida. C.S.