Se describen las condiciones imperantes tras el proceso de privatización de los servicios públicos en la Argentina y se examinan las distintas formas de participación de los usuarios en el control de los servicios públicos privatizados. Se consideran las capacidades y formas organizativas pertinentes para garantizar una regulación eficaz, y se formulan conclusiones y recomendaciones al respecto.

La privatización de los servicios públicos y los cambios en el rol del Estado, que deja de ser empresario para convertirse en regulador, abren una importante discusión sobre los objetivos fundamentales que justifican la intervención estatal. En esta perspectiva, las normas regulatorias deberían contemplar la posibilidad efectiva de garantizar a la población el acceso a los servicios, sin descuidar la reglamentación sobre un conjunto de aspectos tales como la protección ambiental, la seguridad de los productos, el derecho a la información, y la participación ciudadana.

La inclusión de los usuarios en la gestión de los servicios públicos debe contemplar la provisión de información como una obligación básica, seguida de la institucionalización de mecanismos de consulta, formas de concertación y el partenariat, que implica compartir la decisión pública o parte de ella. Es preciso prever el hecho de que en ningún caso la inclusión de la perspectiva de los usuarios, que significa una ruptura con el modelo burocrático tradicional, no es un proceso automático, exento de dificultades y controversias.

Tomando como base la escala de participación propuesta por Brachet, se ubica en primer término la puesta en práctica de mecanismos que implican un menor grado de involucramiento de los usuarios o sus representantes en la toma de decisiones públicas. Entre estos mecanismos se incluyen los sondeos de opinión y las audiencias públicas. En segundo término se ubica la inclusión de las asociaciones de usuarios y consumidores en los entes reguladores, en la medida en que su efectiva incorporación podría dar lugar a formas de partenariat, garantizando así un mayor compromiso de la administración respecto a la participación de los usuarios en el control de los servicios públicos.

El análisis de la situación permite afirmar que el problema principal deriva de las inconsistencias del régimen vigente, que se circunscribe casi exclusivamente a aspectos técnicos y tarifarios, y no llega a constituirse como una política general de regulación. La definición de esta política implicaría fortalecer la obligación estatal de preservar el carácter público de los servicios esenciales. A partir de los casos estudiados, se concluye que en Argentina los emprendimientos concretos asumidos desde el Estado para garantizar la participación de los usuarios en el control de los servicios públicos, poseen un carácter embrionario. Tal situación restringe la posibilidad efectiva de creación de oportunidades a la participación, que, como señala Cunill Grau, remite en primera instancia a la necesidad de una institucionalidad de la representación social que habilite el despliegue de los principios de igualdad, del pluralismo y de la deliberación. C.S.