La modernización del Estado en Chile es un tema que si bien ha estado presente en forma permanente en diferentes etapas y gobiernos, no ha resultado un proceso fácil y ha demandado el compromiso y perseverancia de quienes se han involucrado en este cambio trascendente y necesario. En rigor, se puede decir que ha sido un proceso gradual pero sostenido. Si se utiliza la analogía de una fotografía para nuestro actual estado de avance en materia de modernización del Estado, se podría plantear la pregunta de qué es lo que ocurrió antes y qué es lo que debería venir después. Y lo cierto es que si bien se ha conseguido dar pasos importantes, muchos de ellos surgidos al alero del "Acuerdo Político-Legislativo para la Modernización del Estado, la Transparencia y la Promoción del Crecimiento", alcanzado en enero de 2003 entre el gobierno y los partidos de oposición, todavía es necesario continuar progresando, sin perder una visión inteligente y estratégica. Aunque a comienzos del siglo XXI se ha avanzado mucho en el establecimiento de metas dentro de la gestión pública, en la creación de una nueva institucionalidad en materia de recursos humanos y en el impulso al desarrollo del gobierno electrónico, todavía quedan áreas muy importantes en las cuales trabajar, como la relación entre el gobierno y la ciudadanía.

En efecto, los cambios experimentados a lo largo del siglo XX han impuesto nuevos desafíos a los gobiernos en las actividades a desarrollar y en las demandas que se generan desde los propios ciudadanos. Es así como los gobiernos han pasado de la provisión de bienes públicos clásicos a la provisión de servicios en forma masiva, lo que se reforzó aun más luego de los ajustes fiscales producto de la primera generación de reformas del Consenso de Washington. Hoy en día, 3/4 de las actividades del gobierno consisten en la provisión de servicios. Sin embargo, la provisión de servicios públicos debe ser realizada en forma transparente y objetiva. Lo que en la práctica significa que las organizaciones de gobierno deben responder a múltiples mandantes, a amplios (y a veces ambiguos) objetivos y brindar en forma gratuita sus servicios. Esto se traduce en un marco muy peculiar para la administración pública, en el cual los resultados no son fácilmente medibles. Es en ese contexto donde los gobiernos deben avanzar en sus procesos de reforma y en el que cada experiencia tiene su peculiaridad y su ritmo propio.

El caso chileno no es una excepción y resulta especial por varias razones. Entre ellas, porque muchos de los cambios implementados transitaron desde la academia a la realidad; porque ha conseguido un balance entre efectividad y transparencia; porque las reformas puestas en marcha han sido parte de un progreso gradual y sostenido, aunque no carente de una dosis de oportunismo importante; porque el Ministerio de Hacienda ha desempeñado un rol de activista -a diferencia de varios países donde los ministerios de finanzas han sido el gran obstáculo, resistiendo y combatiendo las reformas-; y, finalmente, porque el proceso de modernización del Estado chileno ha sido construido sobre una base sólida, de empleados públicos honestos y una estructura institucional jerarquizada que facilita la puesta en marcha de las iniciativas impulsadas.