Durante los últimos veinte años, la concepción de un Estado vertical, impositivo, excluyente e intolerante, ha dado paso a la percepción de un Estado más flexible, horizontal e incluyente, que le imprime un verdadero giro a las relaciones tradicionales entre los que poseen poder político y quienes no. Esto sienta las bases para la gobernabilidad democrática, que se caracteriza por respuestas negociadas y consensuadas, que apuntan a una mayor fluidez entre las demandas que la sociedad plantea y exige, y las respuestas que las instituciones procesan y resuelven.

Esta recomposición de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil incluye el replanteamiento de las relaciones de ésta con el poder legislativo. Consecuentemente, la búsqueda de un mayor impacto político de la modernización legislativa trajo aparejado el énfasis en los aspectos institucionales, que contempla la interacción y la participación de los ciudadanos. En esta vía, los poderes legislativos de Costa Rica y Guatemala, además de los de Nicaragua y El Salvador, establecieron mecanismos, sistemas y estrategias que permiten hoy incluir las opiniones y orientaciones ciudadanas en el proceso de toma de decisiones político-parlamentarias.

Estos congresos han comprendido que la participación de los ciudadanos no constituye una presión social, un excesivo protagonismo o un indebido intento por interferir en la toma de decisiones políticas. Coinciden en que la participación ciudadana es una obligación ya que quienes no intentan participar y no aportan al trabajo de sus representantes están incumpliendo con la condición de ciudadanía y con su deber político asociado a ella. Para ellos es claro que la representación política tiene dos vías para su funcionamiento: por una parte, la del ciudadano representado, cuya condición de elector lo obliga a participar, aportar, criticar y exigir cuentas; y, por otro lado, la del representante, cuya condición privilegiada lo obliga a escuchar, pedir consejo y opinión, apoyar la toma de decisiones en el interés general y a rendir cuentas. Sin una de las dos, la representación es ineficiente.

Las lecciones aprendidas muestran diversas formas y metodologías para asegurar la participación de los ciudadanos en el proceso parlamentario. La implantación de algunas de las más exitosas de estas prácticas requiere de reformas a los reglamentos o leyes orgánicas, y otras únicamente necesitan decisiones administrativas. Algunas tienen impacto en el corto plazo, pero la mayoría en el mediano y largo plazo. Todas requieren que se brinde información oportuna, segura y confiable para que la participación sea sustentada y conveniente.

Existen experiencias que favorecen la participación en la fase prelegislativa, otras en la etapa de negociación y concertación, la mayoría en la etapa propiamente de debate y dictamen, y algunas pocas en las etapas de seguimiento y de eficacia de la ley. Todas, sin embargo, contribuyen a dar respuestas legislativas más negociadas, consensuadas y eficientes.

En esta línea, las experiencias de los poderes legislativos de Costa Rica y Guatemala son complementarias. En Guatemala existe una sociedad civil más organizada, articulada y vigorosa que en Costa Rica; pero en Costa Rica los ciudadanos poseen un mayor entendimiento de las instituciones democráticas, su función y naturaleza. Esto hace que en el Congreso de Guatemala se evidencie una alta concentración de ciudadanos organizados intentando participar y aportar, pero con resultados e impactos muy relativos. En el caso costarricense, el ciudadano participa con más dirección, con objetivos claros y con precisión. El Congreso de Guatemala posee poderosos instrumentos de participación que son limitados por una cultura parlamentaria prudente y temerosa, y la Asamblea Legislativa costarricense tiene establecidos pocos instrumentos reglamentarios pero su utilización es de alto impacto.

El objetivo del presente ensayo es desarrollar, analizar y comparar las experiencias de modernización de los poderes legislativos de Guatemala y Costa Rica.