Los procesos de privatización ocurridos en Argentina y Brasil al final del siglo XX, suscitaron, generalmente a posteriori, la preocupación de fortalecer la función reguladora del Estado sobre los servicios públicos privatizados. Se percibía que la transferencia de bienes y servicios al sector privado requería el fortalecimiento de la capacidad de regulación y fiscalización del mercado y de control de los servicios. Se requería una normativa que eliminase, entre otros riesgos, el de la transformación de monopolios estatales en monopolios privados, que favoreciera el principio de libre competencia y que, al mismo tiempo, protegiera al ciudadano-usuario de estos servicios y le garantizase oferta creciente y universalizada de los mismos. Ambos países procuraron así estructurar y fortalecer el nuevo marco regulador creando, para ello, entes y agencias reguladoras basadas en el principio de la autonomía y de la manutención de relaciones equilibradas entre gobierno, usuarios y concesionarios de servicios públicos.

Este artículo analiza la evolución de los modelos reguladores de ambos países y sus principales características, muestra sus ventajas y deficiencias, describe los esfuerzos realizados para fortalecer una cultura de regulación que permita incorporar nuevos actores sociales a los procesos de prestación de servicios públicos y apunta las recomendaciones efectuadas para su mejora. Incluye un comentario sobre los movimientos registrados en los últimos tiempos, como consecuencia de los recientes cambios de gobierno en ambos países, en el sentido de revisar los modelos de regulación aun cuando éstos estén, todavía, en fase de implementación.