En varios países de América Latina se registró durante los años noventa un aumento significativo del gasto público, como consecuencia de procesos acelerados de expansión de la seguridad social y de descentralización de algunas funciones del Estado. Esta dinámica de gasto, desafortunadamente, no fue acompañada de progresos permanentes en materia de recaudación tributaria, con el consiguiente impacto en el saldo público. En muchos países existen por lo tanto problemas agudos de sostenibilidad de las cuentas públicas. El continuo deterioro de las condiciones de financiamiento generó una bola de nieve en el pago de intereses de la deuda pública cuya resolución aún está pendiente, pues sólo puede enfrentarse exitosamente mediante un proceso combinado de generación sistemática de superávit primarios y de flexibilización de las condicionalidades impuestas por las instituciones financieras internacionales.

Ante el pronunciado sesgo pro-cíclico de la política fiscal, las leyes de responsabilidad fiscal de "segunda generación" tienen que incorporar programación presupuestaria plurianual, prudencia en los supuestos macroeconómicos y algún tratamiento explícito del dividendo del crecimiento (es decir, de los ingresos no previstos en épocas de "vacas gordas") . Hasta hace algunos años, la plurianualidad era sinónimo de rigidez presupuestaria, entendida como la acumulación de compromisos sectoriales radicalmente incompatibles con los objetivos globales. Esta "mala" plurianualidad ha dado paso a una visión más optimista de programación de las finanzas públicas. Hoy en día, el ejercicio de una "buena" plurianualidad es la consecuencia natural de la gestión pública enfocada a los resultados.

Enfrentar adecuadamente la vulnerabilidad recurrente de las cuentas públicas respecto del ciclo macroeconómico supone así una gestión pública capaz de responder a tres desafíos fundamentales: a) respetar una regla fiscal a lo largo del ciclo, para evitar los costos económicos y políticos de los ajustes abruptos; b) identificar y corregir con la debida anticipación los déficit estructurales, a fin de evitar un endeudamiento público excesivo que represente una carga para las futuras generaciones, lo que exige adoptar supuestos moderados para evitar el "sesgo de optimismo" (en que se consideran los episodios positivos como permanentes y los negativos como transitorios) y asegurar una programación fiscal más consistente a largo plazo; y c) eliminar el sesgo en contra de los gastos de capital, que tiende a producirse en la medida que estos gastos son, en general, más sensibles a los ajustes fiscales que los gastos corrientes. Gobernar por resultados requiere así de una profunda transformación de los procedimientos presupuestarios en la región.