Puede enunciarse de distintas formas, pero ya hay consenso acerca de que, después de décadas de experimento neoliberal -basado en la esperanza de que el mercado estableciera los principios orientadores de la sociedad-, la política, lo público y el Estado están de regreso. Irma Arriagada, desde la CEPAL, lo enuncia así: "durante la década del noventa y en lo recorrido del 2000, en la mayoría de los países latinoamericanos emerge una nueva visión sistémica -distinta a los postulados del Consenso de Washington- que incorpora las necesidades y problemas de las personas y que incluye lo social no sólo como una externalidad del crecimiento y de la acumulación económica, sino como una preocupación central. De manera que se asiste a una revalorización del Estado". Este giro está dando lugar a lo que se denomina una tercera generación de políticas sociales y, en general, de políticas públicas (PP). Este cambio supone, además de un aumento de la densidad de las mismas, un incremento de su determinación propiamente política. Ése es, por ejemplo, el sentido del informe para el año 2006 sobre el progreso económico y social en América Latina del BID, titulado, un tanto cacofónicamente, "La política de las políticas públicas". Este informe comienza sosteniendo que se ha superado el estadio de las políticas tecnocráticas y que los procesos de formulación de las políticas públicas hay que comprenderlos integrados en el funcionamiento de los sistemas políticos. Ahora bien, este cambio general de orientación, el cual todavía se lleva a la práctica de forma apreciablemente desigual, está teniendo lugar con excesivos niveles de imprecisión conceptual y metodológica que obstaculizan su avance. De hecho, sus dos categorías centrales (sistema político y políticas públicas) están basadas en una notable cantidad de supuestos y de sobreentendidos que implican excesivos riesgos teóricos y políticos. Este ensayo tiene el propósito de contribuir a la clarificación en este plano, así como de establecer algunas referencias sobre la relación entre sistema político y políticas públicas, en la perspectiva de la consolidación democrática planteada hoy en América Latina. Descritos algunos de los fundamentos de ambas categorías, sistema político y políticas públicas, se coincide con la idea emergente de que las PP no son otra cosa que productos del sistema político. Por eso tiene tanta importancia reconocer las diferencias que existen entre Estados Unidos y América Latina en cuanto al sistema político, pese a su similar forma de régimen (presidencialismo). El escenario estadounidense, de juego de minorías influyentes, no debe ser el modelo a la hora de pensar los procesos de elaboración de PP en América Latina; sobre todo, si se está convencido de que hay que evitar las recetas universales. Pero parece que en éste y en otros asuntos, la ciencia política norteamericana, correspondiente a una determinada tradición política, influye excesivamente en la visión conceptual que tienen muchos organismos internacionales, aunque sólo sea porque su sede central se encuentra en Washington o en New York. La ciencia política latinoamericana, los actores regionales y las instituciones públicas deberían prestar atención a este sutil pero efectivo traslape, por cuanto sus consecuencias van más allá de lo académico: afectan el análisis político que luego se ofrece como referencia para la acción pública en la región