Las iniciativas de reforma y modernización del Estado ocupan una posición central en la agenda pública de los países latinoamericanos desde la crisis fiscal y del endeudamiento externo de mediados de los años 1980, y a partir además de la crisis política que enmarcó los procesos de transición a la democracia en la mayoría de los países.

En el contexto de la caída del Muro de Berlín, las propuestas de solución de la crisis fiscal y política siguen enmarcadas con un fuerte matiz neoconservador en la esfera política, y neoliberal en la economía. Tales características de las reformas han profundizado la creencia de que el manejo de la economía y el proceso de crecimiento imponen límites "naturales" a la participación, y por ende a la democracia, puesto que las decisiones económicas se basan en una racionalidad técnica, instrumental, a la cual es ajena la idea de participación y de justicia social -que se supone obedecen a una "irracionalidad" política en la resolución de conflictos.

Pese a lo anterior, la realidad insiste en indicar que acumulación, distribución y ciudadanía constituyen no sólo procesos inseparables, sino que, además, son sincrónicos, forma y sustancia de un mismo proceso histórico. De ser así, la evolución económica, social y política reciente, con el agravamiento de la pobreza y de la desigualdad, estaría indicando la necesidad de superar la disyuntiva entre progreso material, democracia y justicia social, única vía para lograr armonizar el reto del crecimiento con el imperativo de superar las profundas desigualdades socioeconómicas que siguen caracterizando a la región.

A partir de esas reflexiones, el trabajo pretende rescatar el significado, las oportunidades, desafíos y límites de la participación para el desarrollo social y el fortalecimiento de la democracia y de la gobernabilidad en América Latina