La legislación administrativa está estrechamente relacionada con la política y con la elaboración de políticas. Sin embargo, los académicos del Derecho Administrativo parecen, a veces, estar alejados de la realidad económica y política, además de la realidad cotidiana de la administración pública. El proyecto actual de la autora intenta cubrir ese vacío y busca temas comunes en los cuales pueda desarrollarse una efectiva conversación entre las perspectivas de la Ciencia Política, la Administración Pública, la Economía y el Derecho Público. Este diálogo se centra especialmente en un tópico que es bastante amplio: la relación entre la elaboración de políticas públicas y el Derecho Administrativo. Las agencias públicas hacen algo más que implementar la ley en casos particulares; ellas también hacen políticas a través de normas y orientaciones generales.

La agenda de la reforma del Estado en las democracias ya consolidadas incluye reformas al Derecho Administrativo, como un camino para afirmar la legitimidad democrática y la capacidad de los gobiernos de rendir cuentas. En la medida que la democracia se va consolidando en América Latina, y en cualquier parte, el Estado necesita crear instituciones de participación y vigilancia popular, instituciones que vayan más allá de las elecciones y de la vigilancia legislativa. El Derecho Administrativo requiere moverse desde la postura que coloca el foco de atención en la legalidad técnica de las acciones del Estado hacia los principios que permitan profundizar la rendición de cuentas en el ámbito de la elaboración de las políticas públicas.

Poner el foco de atención en los derechos individuales contra un Estado avasallador no resulta suficiente para hacer frente a las afirmaciones del poder ejecutivo en la elaboración de las políticas o al control de entidades privadas que cumplen funciones públicas. Se requiere de una mayor transparencia en el poder ejecutivo, pero eso tampoco es suficiente. El Derecho Administrativo necesita crear instituciones mediadoras que le den al pueblo, a los grupos de la sociedad civil, empresariales y sindicales, canales establecidos que les permitan entregar inputs y demandar justificaciones cuando se elaboran políticas públicas.