A pesar de la liberalización de los sectores, las compañías que operan en mercados con infraestructuras de red han seguido manteniendo posiciones monopólicas, por lo que ha sido necesario disponer de un régimen regulador que proteja a los consumidores de posibles abusos, evitando que estas compañías los perjudiquen. Según la OCDE, los cambios acontecidos en la década pasada en términos de incremento en la demanda de nuevos servicios, desarrollo de las nuevas tecnologías, interdependencias en los mercados globales, evolución hacia una economía de servicios y fallos políticos asociados con la liberalización y regulación de los mercados, están creando la necesidad de una reforma reguladora.

La calidad reguladora es esencial en la actividad económica y en la eficacia de los gobiernos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Su importancia está aumentando, porque las reglas se internacionalizan y las regulaciones nacionales afectan el sistema de comercio mundial. Por ello, hay que mejorar la calidad de la regulación gubernamental y evitar los problemas que pueden causar la complejidad de controlar la cantidad y la calidad de la regulación y tomar una acción correctiva a tiempo.

Los gobiernos deben monitorear los mercados controlando permanentemente la regulación y reformándola según la evolución de los mercados. A diferencia del término desregulación, que hace referencia a la disminución de la intervención del Estado en los sectores, los gobiernos tienen que llevar a cabo una “re-regulación” para responder a los cambios y crear un régimen regulador eficaz, especialmente en los casos en que no es posible introducir competencia y persisten los monopolios naturales. Además, es necesario controlar la creación de nuevas normas para no incrementar el volumen y el coste regulador, es decir, evitar la llamada “inflación reguladora”, que opera en perjuicio del desarrollo económico y erosiona la efectividad de las regulaciones. Para ello, el Estado debe desarrollar las capacidades de los instrumentos reguladores, tales como los ministerios, las agencias centrales, el parlamento y los consejos administrativos, y crear procedimientos de consulta para implementar una política eficaz.

Entre los mecanismos que utilizan los gobiernos para promover la calidad reguladora -también llamados herramientas reguladoras- se encuentra el Análisis del Impacto de la Regulación (RIA, Regulatory Impact Analysis), que se basa en la evaluación de las regulaciones para comprobar si contribuyen a sus objetivos políticos estratégicos; ayuda a los gobiernos a desarrollar nuevas regulaciones y a revisar y reformar las existentes. Este proceso evalúa los costes y beneficios de las propuestas reguladoras y los riesgos de no llevar a cabo una acción correctiva a tiempo para mejorar la regulación.

La regulación seguirá siendo una herramienta de ayuda en el desarrollo de las políticas públicas que deberá ser evaluada permanentemente mediante mecanismos de mejora como el RIA, que aumentan la transparencia de las decisiones y reducen el número de regulaciones de baja calidad.