La globalización genera desigualdad y una perenne sensación de inseguridad ante la conciencia de que cada empresa debe luchar por sí sola frente a la competencia generalizada. Todo ello es el caldo de cultivo para un avance de la anomia y un fuerte deterioro de la ética pública. Por esta razón, en el mercado global las empresas operan muchas veces en un vacío de referencias morales compartidas. Ellas pueden llevar consigo los valores mayoritarios, implicítos y explicítos, de su Consejo de Administración, pero luego operan en entornos sociales y culturales muy diferentes. Falta, en consecuencia, un marco de referencias comunes operativo sobre el terreno, falta el anclaje de las tradiciones compartidas. Y cuando los beneficios se convierten en la única referencia, la justificación económica acaba legalizando la inmortalidad social. Ante todo ese conjunto de incentivos perversos, la respuesta global más significativa ha sido la del reforzamiento de las bases éticas y el desarrollo de los instrumentos de combate a la corrupción por vía de acuerdos y conventos internacionales. En este texto se analizan los convenios anticorrupción más importantes tanto en el nivel global como en los niveles europeos y latinoamericanos. Estas convenciones han permitido avanzar en muchos campos, aunque modestamente. Sin embargo, los grandes cambios que permitírian avanzar seriamente en la lucha contra la corrupción todavía no están en marcha. Para empezar, hay Estados poderosos que no firman estas convenciones de las que hablamos y otros que, aunque las firman, las incumplen sistemáticamente. Juegan en el mismo terreno que los demás pero esperan a que los demás sigan las reglas para ellos incumplirlas y beneficiarse de la inexistencia de un árbitro global. Esto demotiva a los que cumplen y dificulta la implantación de las convenciones y acuerdos. Se hace cada vez más necesario construir una infraestructura ética global.