Desde los años ochenta, las reformas han dominado las agendas de los gobiernos alrededor del mundo; éstos se embarcaron en un viaje notable de innovación. Es poco probable que el ritmo de la reforma disminuya. Un número creciente de temas de política pública están necesitando la contribución activa de muchos actores del gobierno y de fuera de él y requieren que el gobierno trabaje más allá de los límites convencionales. Dichos temas obligan al gobierno a usar su autoridad y sus recursos para permitir la acción de otros y empoderarlos en consecuencia. La creciente complejidad e incertidumbre en materia de políticas públicas y en el contexto de la gobernanza están presionando a los gobiernos para que mejoren sus capacidades de anticipación, intervención, innovación, aprendizaje y adaptación. Las futuras reformas requerirán una visión expandida de los roles del gobierno y los ciudadanos.

Ciertamente, el gobierno sigue siendo el administrador de los intereses colectivos con su poder de intervención, pero necesita explorar de qué manera puede trabajar con los ciudadanos y con otros actores para lograr producir resultados de mayor valor público. En la medida que el gobierno avance produciendo resultados con los ciudadanos, logrará un conjunto más completo de relaciones y ampliará el repertorio de los roles que cada uno puede jugar para lograr dichos resultados. Esas reformas permitirán una definición más amplia de lo que son los resultados públicos, definición que enfatice la importancia tanto de las políticas públicas como de los resultados cívicos. Estos últimos construyen credibilidad mientras que los primeros incrementan la legitimidad. Ambos aumentan la confianza de los ciudadanos en el gobierno. Los administradores públicos hasta ahora han estado trabajando con una definición incompleta de lo que son los resultados, definición que no ha dado suficiente importancia a los resultados cívicos.

Finalmente, las futuras reformas requerirán, también, una comprensión más dinámica de la gobernanza y de la administración pública que sirvan de base a la construcción de capacidades en áreas nuevas con el propósito de perseguir bienes públicos en un contexto global crecientemente impredecible. Este trabajo debe comenzar valorando y preservando las capacidades existentes. Un punto central en todo esto es poner el foco en la conformidad, que es el sello de calidad del buen gobierno. Ello incluye: el respeto por el Estado de derecho y las instituciones públicas; el debido proceso; la accountability; y los valores del sector público. Estos factores contribuyen a proporcionar un fundamento institucional sólido para las organizaciones públicas. Los administradores públicos debieran preservar, además, el foco en el desempeño. Ello implica: hacer más productivo y eficiente el gobierno; mejorar los servicios que se prestan a través de “silos” organizacionales; tener capacidad de respuesta frente a las expectativas de los ciudadanos; mejorar los procesos de gobernanza; y aprovechar las modernas tecnologías de la información y las comunicaciones.

No obstante, a pesar de los esfuerzos concertados para construir capacidades gubernamentales que permitan anticiparse, detectar e intervenir, los sucesos y shocks imprevisibles ocurrirán. Dado esto, el gobierno debe focalizarse en la resiliencia, construyendo capacidades de innovación, aprendizaje y adaptación y asegurando una mejor distribución de los riesgos. Implementar medidas para mejorar las capacidades de innovación, anticipación y adaptación requerirá inversiones a largo plazo y tolerancia ante algún “exceso” en las capacidades. Por último, esto requerirá el reconocimiento de que menos gobierno y más eficiente no conduce, necesariamente, a un mejor gobierno.