Existe un importante consenso en la región respecto a la importancia que tiene la calidad de los sistemas de servicio civil al momento de elevar la calidad de la acción estatal. Pese a ello, los esfuerzos de reforma de los servicios civiles son raros en la región, y aunque el tema suele aparecer en las agendas de los gobiernos, son poco frecuentes las ocasiones en las cuales se desencadenan procesos de reforma, con medidas de mejora que llegan a aprobarse y -más escasamente aún- a implementarse.

¿Cómo desencadenar procesos de reforma de este tipo? ¿Cómo lograr que se aprueben y luego se implementen medidas de reforma institucional que eleven las capacidades de acción del Estado? Estas son preguntas clave a las cuales es necesario responder para que los Estados latinoamericanos estén a la altura de los desafíos políticos y técnicos que impone el momento actual. En la región, Chile muestra uno de los procesos de reforma institucional del Estado más largos, estables y creativos de la región. Uno de los aspectos más interesantes del proceso reformador vivido en Chile desde los años ochenta consiste justamente en que no se limitó a la reducción del ámbito de acción estatal, sino que acometió de diversas maneras el desafío de elevar la capacidad de acción de las entidades públicas. La reforma del servicio civil es parte de este esfuerzo.

El servicio civil es claramente un factor clave en lo relativo a la capacidad de acción estatal. La mejora de la calidad de los servicios civiles de la región debiera ser claramente un componente importante de aquellos procesos de reforma que busquen elevar la capacidad de acción del Estado y, en consecuencia, la calidad de las políticas públicas. Identificar aprendizajes partiendo de las escasas experiencias de reforma del servicio civil resulta así relevante. Por ello, este documento busca identificar, a partir de la reforma del servicio civil chileno, posibles aprendizajes de interés para otros contextos nacionales. El trabajo se concentra en dos direcciones: (i) la estrategia de despliegue del proceso de reforma, y (ii) las opciones de política asumidas.