El consenso sobre el papel indispensable del Estado en la formulación de políticas, en la regulación de la competitividad y en la promoción del bien común de la sociedad ha reafirmado la importancia de la gestión pública en la agenda política de los gobiernos y, en especial, en los países emergentes, y la centralidad de la preocupación por la capacidad institucional del Estado para proveer políticas públicas y promover la inclusión social, en un ambiente de participación y diálogo democráticos. En este contexto, uno de los principales desafíos que se ha presentado es el de la definición sobre cuáles son las prerrogativas decisorias y normativas específicas que deben distinguir a los órganos y entidades estatales de las demás instituciones del sistema político nacional, especialmente el mercado y el Tercer Sector. Si se considera que el régimen democrático representa más que simplemente una forma de gobierno, sino que implica el equilibrio en la distribución de poder entre los diferentes actores que constituyen la colectividad política, es entonces la forma de estructuración del aparato del Estado y sus mecanismos de relación con los agentes del sector privado la que va a definir, concretamente, si el gobierno es más o menos democrático o autoritario. Este artículo realiza un abordaje taxonómico de la estructuración del aparato del Estado y de sus relaciones con el mercado y con las organizaciones de la sociedad civil, bajo la influencia pluralista, que incorpora las nuevas formaciones sociales producidas por la expansión de las fuerzas del mercado y por las nuevas estructuras de redes sociales que interfieren en la política, con énfasis en el papel de los mecanismos representativos y participativos en la implantación de una democracia poliárquica.