La búsqueda de la transparencia pública ha sido uno de los principales temas de debate en las democracias contemporáneas. No solo gestionar de forma adecuada los dineros públicos, sino demostrar de forma clara a toda la población cómo esos recursos han sido utilizados ha llegado a ser, más que un desafío, una medida fundamental a ser adoptada por los gobernantes llamados “modernos” y “democráticos”.

En Brasil, principalmente a lo largo de la última década, han sido muchas las iniciativas emprendidas en la búsqueda de una mayor transparencia. En este trabajo se discute la evolución de dichas medidas, incluyendo la creación de leyes que obligan la publicación de informes técnicos que contengan datos financieros y presupuestarios, la adopción de procedimientos electrónicos de compras públicas y la utilización de portales en Internet de libre acceso al ciudadano, donde todo y cualquier gasto público puede ser fácilmente consultado.

Se procuró discutir, pues, cómo la Ley de Responsabilidad Fiscal, el proceso de licitaciones electrónicas, los portales y las páginas de transparencia del Poder Ejecutivo, el sistema de gestión de transferencias voluntarias de recursos del Gobierno Federal, el uso de las tarjetas de pago por funcionarios públicos para hacer efectivos los pagos pequeños, la divulgación de una lista de empresas impedidas de ser contratadas por el sector público y el envío al Congreso Nacional de un Proyecto de Ley que dispone sobre asuntos relacionados con el acceso a la información, han sido medidas adoptadas en un ambiente caracterizado por la búsqueda de una mayor transparencia, la que, a lo largo de la última década, se ha incrementado en Brasil.

La adopción de tales medidas permitió considerar que el camino hacia la transparencia pública no es simple en su recorrido, pues involucra una serie de factores que van desde la integración entre sistemas complejos y la procura del acceso público a los documentos oficiales, hasta la traducción del lenguaje técnico a un lenguaje comprensible y la propia necesidad de promover el despertar y el aprendizaje de los ciudadanos en relación con el tema.

No obstante tales dificultades, se hace evidente la existencia, para el gobierno y para la sociedad, de los inmensurables beneficios que origina la adopción de mecanismos de transparencia pública. La divulgación detallada de cómo se utilizan los dineros públicos y permitir e incentivar el control de la sociedad sobre los actos del gobierno es la más evidente demostración de confianza acerca de lo que se hace. Lejos de ser una garantía para acabar con las prácticas nocivas al Tesoro, es condición básica para el ejercicio de la plena ciudadanía, para la lucha contra la corrupción, para el mejoramiento de la gestión pública y, en última instancia, para la promoción de la inclusión y de la justicia social. Es, por lo tanto, mucho más que un deseo de uno u otro gobernante en particular o de una práctica que no se deba efectuar en función de cuestiones de tipo ideológico-partidario. Es un desafío y un deber que se impone a todos aquellos gobiernos que se dicen democráticos