El abordaje teórico de los presupuestos participativos en América Latina ha puesto suficiente atención en la descripción y caracterización de sus dinámicas de participación, y últimamente en la relación con la democracia representativa. No obstante, poco se ha abordado de manera comparada en la literatura, la hipótesis de que los presupuestos participativos, especialmente los que se han desarrollado en países fuera de Brasil, se están consolidando como una institución participativa de incidencia barrial, sin alcanzar aún una incidencia estratégica en la definición de las políticas públicas de ciudad (comuna o municipio).

El objetivo principal de este artículo es analizar el presupuesto participativo en tres países de América Latina donde se haya desarrollado por más de 10 años y poner en discusión esta hipótesis, analizar sus condicionantes y ofrecer un conjunto de dimensiones explicativas de este proceso. Este objetivo se espera alcanzar a partir del análisis preliminar de los datos obtenidos del estudio de los casos de presupuesto participativo de Uruguay, Chile y República Dominicana. De estos países, no se estudiaron casos de municipios o ayuntamientos particulares, sino que el acercamiento fue de manera indirecta por medio de la revisión documental sobre el presupuesto participativo en América Latina y de forma complementaria se usaron fuentes directas (entrevistas a expertos e informantes clave) para conocer los resultados del proceso en los países citados.

A partir de la descripción de la tendencia del presupuesto participativo en los casos mencionados, se puede deducir la presencia de algunas condiciones que están determinando el desarrollo de este mecanismo, aun en contextos donde prevalecen reglas del juego diferentes, como por ejemplo, una ley que regula su funcionamiento. En definitiva, el presupuesto participativo en estos casos se caracteriza por no discutir en el proceso, el presupuesto ni las partidas municipales, tampoco las políticas estratégicas a escala municipal. No se observa una política decidida por destinar mayores recursos a los sectores más desprotegidos o afectados por el modelo económico predominante; en la práctica, la distribución es más bien igualitaria, utilizando muchas veces el criterio “un habitante, un peso”.

La voluntad política es determinante a la hora de implementar de manera exitosa los presupuestos participativos, aun existiendo una legislación vanguardista como la de República Dominicana y un contexto institucional (departamental) pro descentralización y participación como el de Uruguay; la voluntad política de alcaldes termina siendo determinante para la democracia participativa. El principal riesgo es que los presupuestos participativos pueden transformarse en mecanismos participativos cooptados por los actores representativos, especialmente cuando la sociedad civil no logra empoderarse de los procesos, y la voluntad política de los gobernantes es excesivamente protagónica, haciendo transitar de la delegación de poder a la renovación de estrategias de concentración de poder y relaciones clientelares en el presupuesto participativo.