La progresiva implantación de la Gestión de Calidad en las administraciones públicas ha sido uno de los rasgos característicos de las sucesivas oleadas modernizadoras que, en clave de reformas, han venido consolidando la institucionalización de las políticas y los servicios públicos en Iberoamérica desde finales de los años ochenta del siglo XX. En la actualidad, la mejora de la calidad y la eficiencia de la gestión pública, en tiempos de crisis, se plantea aún más necesaria: de una parte, permite proporcionar con recursos escasos mejores servicios, más orientados a las demandas y necesidades de los ciudadanos, y de otra, posibilita la sostenibilidad de las propias políticas públicas.

El encuentro entre la Gestión de Calidad y la Administración Pública fue una cuestión azarosa que tuvo mucho que ver con la transferencia de conocimientos entre dos culturas de gestión que hasta ese momento habían discurrido por cauces diferentes. A partir de ese momento, la Gestión de Calidad transformó la Administración Pública y a su vez fue transformada en tanto que paradigma de gestión, atravesando varias fases y dando lugar a un ciclo que, desde la matización de los presupuestos iniciales de la Nueva Gestión Pública, ha dado lugar a numerosos avances en la democratización del acceso a los servicios públicos y en la mejora en su prestación.

El ciclo de evolución del paradigma de la Gestión de Calidad, ya en el seno de la Administración Pública, comenzaría con una primera fase que puso el énfasis en la eficiencia y el ahorro de costes para conseguir una consolidación, extensión y mejora de los servicios a la ciudadanía. Proseguiría en una segunda fase centrando el objetivo en la optimización de los servicios hacia la excelencia en su prestación, y culminaría en la actualidad con su tercera fase que, partiendo de la búsqueda de la Excelencia, trata de incorporar (de nuevo) la eficiencia y el ahorro para conseguir su sostenibilidad.

Finalmente, la inclusión de la Gestión de Calidad en el marco normativo de numerosos países iberoamericanos la hace partícipe del principio de legalidad, fenómeno recogido oportunamente por la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, que ya establece el Derecho de los Ciudadanos a una Gestión de Calidad.

En definitiva, y utilizando las palabras del Premio Nobel Jacques Monod, si bien el encuentro inicial de la Administración Pública con la Gestión de Calidad fue fruto del azar, actualmente ha llegado a convertirse en una necesidad. La calidad en la gestión pública ya no es, no puede ser fruto de la casualidad sino de la causalidad.