La participación es el marco que propicia la intervención en los procesos de decisión, ejecución y evaluación de la acción pública basados en el derecho a la información sobre los aspectos de interés público y en la capacidad de control de la sociedad civil sobre el poder público. Todo esto implica una relación virtuosa entre Estado y sociedad sobre la base del ejercicio de ciudadanía y contra la modalidad clientelista y autoritaria de interacción. La participación, como un proceso permanente que promueve la interlocución y evaluación de la acción pública de acuerdo con el interés general, es un derecho en el que se sustenta el adecuado funcionamiento de la democracia, que garantiza el principio de trasparencia y, también, la efectividad, eficiencia y equidad de la gestión.

La inclusión social es la base de la participación ciudadana en un Estado social de Derecho y hace posible una relación virtuosa de los ciudadanos con las instituciones de la administración pública. La profundización del régimen democrático requiere la disminución de las desigualdades sociales como condición para el fortalecimiento de una ciudadanía que colabore en la formulación y gestión de las políticas públicas. Al Estado en América Latina se le presenta el desafío de garantizar la incidencia de la participación ciudadana en dichas políticas para impulsar el desarrollo económico, ampliar el bienestar social y democratizar el espacio público.