En América Latina, y particularmente en los países andinos, América Central, México y Brasil, la legitimidad de las instituciones políticas y administrativas fueron debilitadas por los sucesivos fracasos en la construcción de Estados de bienestar (años 60-80) y luego neoliberales (años 1990-2000) para articular políticas sociales universalistas, efectivas y democráticas. Sin embargo, y de forma paradójica, estos fracasos fueron acompañados por el desarrollo de un imperativo democrático y participativo. Este imperativo se expresa en particular en la realización de numerosas experiencias participativas, como el presupuesto participativo, y la expedición de una amplia normativa legal y constitucional en el tema. En consecuencia, se cuestiona hoy la concepción tradicional de funcionamiento piramidal y jerárquico del Estado y de la administración, a favor de una concepción reticular y participativa del gobierno llamada gobernanza post-estatal.

En este contexto, se argumenta que la (re)introducción de un dispositivo como el sorteo y la implementación efectiva de la consulta previa podría favorecer tanto la democratización de las instituciones públicas y de la sociedad como la lucha contra el clientelismo, la corrupción y el nepotismo. América Latina se pondría así a la delantera de la experimentación participativa democrática y de la construcción de un nuevo modelo de gobernanza.