La litigiosidad desbordada contra el Estado, las limitaciones para la defensa de sus intereses en litigio y su fracaso reiterado en procesos judiciales no solo ha obligado a las entidades públicas en Colombia a asignar recursos cuantiosos para el pago de sentencias y conciliaciones, en detrimento de recursos para inversión social, sino que las ha distraído del cumplimiento de su mandato misional al servicio de los ciudadanos. A medida que aumenta el volumen de las reclamaciones y su costo fiscal, las entidades públicas se sensibilizan sobre los altos riesgos asociados a cualquier proceder que no se ajuste rigurosamente a los parámetros de responsabilidad estatal establecidos en la Constitución de 1991.

La incipiente evidencia empírica demuestra además que el problema se agrava por las debilidades en el manejo de los casos de responsabilidad del Estado por parte de sus abogados, ya fuera debido a la falta de participación en el debate probatorio dentro del proceso, por la ausencia generalizada de alegatos de conclusión, y hasta de recursos de apelación frente a decisiones adoptadas en contra del Estado, o por la falta de sustentación adecuada de las apelaciones. En muchos casos, los abogados las interponen como formalidad para evitar posibles investigaciones disciplinarias, pero no impulsan el recurso con las herramientas adecuadas para asegurar un resultado exitoso.

Con base en experiencias internacionales y esfuerzos locales de más de 10 años, Colombia ha comenzado a desarrollar una política pública de defensa jurídica con la creación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), conforme a un modelo híbrido entre las alternativas de concentración y desconcentración de la función, que resulta acorde a la realidad de un Estado unitario, pero descentralizado por servicios y territorialmente. Sin embargo, la agenda pendiente es inmensa, pues la Agencia todavía debe integrar un sistema coherente de defensa jurídica del Estado en Colombia que permita a las entidades convertirse en litigantes proactivos, además de prevenir y mitigar el daño antijurídico producido por la actividad estatal.