Este artículo analiza la tensa relación entre el gobierno central y las municipalidades en Chile, la que ha marcado el diseño e implementación de diversas reformas en materia de descentralización desde hace tres décadas. El contexto político-institucional de dichas reformas se ha caracterizado por la presencia de actores con un fuerte poder de veto que han obstaculizado la descentralización, así como también por un clima de desconfianza general que ha conducido a políticas públicas insuficientes y altamente protocolizadas. Como consecuencia de este complejo escenario, el país ha quedado en una situación de statu quo en materia de descentralización. Como un primer paso, y considerando la necesidad de fortalecer el capital humano de gobiernos locales, se propone la creación de un Sistema de Alta Dirección Pública a nivel municipal. Dentro de los principios de diseño del Sistema destacan maximizar la confianza entre los actores clave con alto poder de veto y seguir una estrategia de implementación gradual, modular y escalable para retroalimentar continuamente al diseño inicial. Adicionalmente, se incluyen recomendaciones específicas, como la creación de consejos autónomos en distintas zonas del país para la generación de nóminas de candidatos finales, el pago de asignaciones extrasalariales para directivos escogidos por el Sistema, y la precertificación de candidatos en los concursos públicos para reducir los costos administrativos del proceso de selección, entre las más relevantes