El estudio consiste en la identificación y el análisis de los problemas presentes en el régimen de los recursos contra las calificaciones de los registradores de la propiedad, problemas derivados de las diferentes tendencias que han confluido en la materia a lo largo del tiempo. Se explica, así, la construcción del régimen tradicional a partir de la Ley Hipotecaria de 1861, en cuyo desarrollo reglamentario se consolidó un sistema de recursos gubernativos justificado por la naturaleza de jurisdicción voluntaria de las calificaciones registrales, aunque ya tras la Constitución de 1978 terminó formándose cierto consenso sobre las incoherencias de ese régimen tradicional. Dentro de las líneas tendentes a solucionar la falta de una garantía de completo control judicial de las calificaciones registrales, se expone el interesante debate jurisprudencial y doctrinal en torno a la competencia de la jurisdicción civil o de la contencioso-administrativa, en el que se refleja claramente la tendencia a la administrativización de la institución registral. En tal contexto, se estudia el complejo proceso de modernización puesto en marcha a partir de 1998, en el que hubo de experimentarse, primero, la completa anulación judicial de la regulación llevada a cabo por una norma reglamentaria y, después, el establecimiento del régimen vigente en varias leyes de medidas de manera inadecuada desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Por último, se destaca la paralela tendencia a la fragmentación del sistema, primero, a través de cláusulas estatutarias que pretenden garantizar la finalización de los recursos contra las calificaciones registrales en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas con Derecho civil propio y, más recientemente, mediante el intento de afirmar una competencia autonómica exclusiva y general en la materia, que parece quebrar la institución unitaria del Registro de la Propiedad