La mayor parte de los países de América Latina han basado sus políticas recientes de superación de la pobreza en programas de transferencias condicionadas (CCT). Sin embargo, estos parecen haber cumplido un ciclo y se cuestiona su capacidad de respuesta efectiva a la superación de la pobreza. La investigación sobre el impacto de los CCT en los ingresos de los hogares y el capital humano de sus miembros es nutrida, pero poco dice sobre el impacto territorialmente diferenciado de estos programas. La idea básica de este trabajo es que los factores que caracterizan a distintos territorios pueden hacer variar sustantivamente la capacidad de las personas para capitalizar los ingresos percibidos por un CCT. El artículo desarrolla este argumento por tres vías: i) un análisis de los factores económicos e institucionales que caracterizan a las regiones de Valparaíso y Los Ríos en Chile; ii) la evolución de los ingresos y activos de un grupo de beneficiarios del Programa Ingreso Ético Familiar encuestados en un estudio panel en 2012 y 2014; iii) una evaluación de impacto del programa en ambas regiones. Valparaíso exhibe un mejor desempeño socioeconómico que Los Ríos, diferencias que no se observan en materia de desempeño institucional. Entre los beneficiarios de ambas regiones se registran diferencias considerables en materia de ingresos, capital social y capital físico, que favorecen a los hogares de Valparaíso en materia de ingresos y capital físico, y de Los Ríos en lo que respecta a capital social. No se registran diferencias consistentes en capital humano. No se encontraron impactos significativos del IEF en capital humano y social. Se encontró únicamente un impacto significativo y negativo sobre los ingresos autónomos, pero solo en la región de Los Ríos, que es, además, la que presenta peores condiciones socioeconómicas, donde hay menos fuentes de empleo y donde estos son peor remunerados. Se concluye, entonces, sobre la necesidad de avanzar hacia estrategias de intervención social diferenciadas en distintos contextos socioeconómicos, pues estos inciden sobre el impacto potencial del programa en los hogares beneficiarios. No existe evidencia para sostener este argumento en lo que respecta a condiciones institucionales