La protección al consumidor es uno de los instrumentos más importantes en el buen funcionamiento de una economía social de mercado moderna. Tres elementos son cruciales para distinguir su grado de efectividad: i) el ámbito de la protección, ii) el sistema institucional que hace cumplir las leyes y resuelve los conflictos, y, iii) su extensión a lo largo y ancho del país. En el Perú la protección al consumidor tiene una concepción limitada, una aguda debilidad institucional y poco alcance territorial.

Al revisarse las experiencias de México, Brasil, Estados Unidos y Suecia se descubren algunos elementos que podrían adaptarse para posibilitar mejoras significativas. Los ejes más importantes son: a) una concepción más amplia de la protección al consumo; b) la necesidad de una autoridad rectora (ejecutiva) a nivel central que haga cumplir las leyes y articule el accionar con las otras autoridades sectoriales, descentralizando sus funciones a través de los gobiernos regionales y municipales; y c) la más amplia variedad de mecanismos privados, públicos y de la sociedad civil que brinden justicia a los consumidores; descentralizando las “causas de menor cuantía” a nivel municipal, y las “causas de mayor cuantía”, autoridades y sociedad civil, a nivel regional y nacional.

La justicia pública administrativa debe ser gratuita en las causas de menor cuantía y autónoma e independiente de las autoridades ejecutivas en todas las causas. Estas lecciones pueden ser útiles no sólo para el Perú, sino para otros países de América Latina