El trabajo analiza una modalidad de participación ciudadana en la gestión pública: la co-gestión de servicios sociales públicos por parte del tercer sector. Reconociendo la importancia creciente que este mecanismo está teniendo a nivel internacional y tomando como caso concreto experiencias hoy vigentes en España y Uruguay, profundiza en sus características y funcionamiento.

El objetivo central de esta revisión es determinar en qué medida los postulados de participación que suelen asociarse a la cogestión están presentes en el discurso y el accionar cotidiano de los actores que forman parte de estas experiencias. A la vez, se trata de identificar los riesgos inherentes al funcionamiento cotidiano de la co-gestión que pueden incidir negativamente en la confirmación de las hipótesis más optimistas sobre el rol dinamizador y democratizador del tercer sector.

Por otro lado, el documento aborda el lugar que la cogestión de servicios sociales públicos ocupa en los sistemas de protección de estos dos países, cuestionando su alcance y tratando de determinar las amenazas y alertas que surgen en los mecanismos de regulación y rendición de cuentas que se han puesto en marcha tanto en España como en Uruguay. El artículo sistematiza evidencia de estudios previos y de nuevas investigaciones que muestra importantes déficits en la evaluación del trabajo que las organizaciones sociales realizan en esta modalidad de participación ciudadana en la gestión pública, confirmando que las “buenas intenciones” atribuidas generalmente al tercer sector han inhibido el desarrollo de controles efectivos y adecuados a dos sistemas democráticos consolidados como lo son España y Uruguay.

Por último, y sobre la base de la evidencia sintetizada, el estudio plantea hipótesis sobre los significados de estos hallazgos y, en particular, sobre los impactos que esta “caja negra” de la participación ciudadana en la gestión pública acarrea a los sistemas de protección social, dado que buena parte de estos mecanismos se asocian directamente a la gestión de servicios sociales.

La comparación entre España y Uruguay ofrece, a su vez, numerosas oportunidades de interpretación sobre los significados que la participación ciudadana tiene en administraciones públicas de países con sociedades civiles relativamente débiles, producto también de Estados de bienestar estructurados en torno a acuerdos corporativos de largo aliento. Esta configuración condiciona, sin duda, no sólo el contexto en que tiene lugar la participación asociativa en la gestión pública, sino su alcance y su potencial