BERMEJO VERA, José
El régimen de contratación pública en los sectores especiales del agua, la energía, los transportes y los servicios postales - Madrid : Centro de Estudios Constitucionales , mayo/ago. 2008
La contratación pública ha alcanzado dimensiones espectaculares. Si las Administraciones públicas está sujetas a rigurosas normas internas en la celebración y realización de sus contratos, no es sólo porque los poderes legislativos consideren imprescindible el establecimiento de parámetros de actuación en defensa y protección de los intereses generales, particularmente los criterios de la eficiencia y economía del gasto público, sino porque la integración en la Unión Europea así lo exige. Motivaciones variadas, pero sustentadas en el objetivo de la cohesión y unidad del mercado europeo, imponen a los poderes públicos de los Estados miembros un comportamiento homogéneo en cuanto a la utilización de recursos públicos, a través de la figura contractual y, por tanto, de la colaboración del sector público y el privado, para la ejecución de obras, servicios, suministros o proyectos. Estos principios y reglas de armonización de los sistemas contractuales en los ordenamientos de los Estados miembros se han extendido incluso a sujetos o entidades de naturaleza jurídicoprivada que actúan en el mercado contractual de ciertos sectores o actividades «especiales» al lado de los poderes públicos. Para lograr una más eficaz y eficiente administración del gasto público en todos los Estados de la Unión Europea y, sobre todo, para llegar al mayor grado de competitividad, en condiciones de igualdad y no discriminación de los agentes económicos europeos, se han implantado unos cánones de actuación inesquivables. El nivel económico y ciertas características de los contratos son, sin embargo, determinantes por ahora de la aplicación de estas reglas
El régimen de contratación pública en los sectores especiales del agua, la energía, los transportes y los servicios postales - Madrid : Centro de Estudios Constitucionales , mayo/ago. 2008
La contratación pública ha alcanzado dimensiones espectaculares. Si las Administraciones públicas está sujetas a rigurosas normas internas en la celebración y realización de sus contratos, no es sólo porque los poderes legislativos consideren imprescindible el establecimiento de parámetros de actuación en defensa y protección de los intereses generales, particularmente los criterios de la eficiencia y economía del gasto público, sino porque la integración en la Unión Europea así lo exige. Motivaciones variadas, pero sustentadas en el objetivo de la cohesión y unidad del mercado europeo, imponen a los poderes públicos de los Estados miembros un comportamiento homogéneo en cuanto a la utilización de recursos públicos, a través de la figura contractual y, por tanto, de la colaboración del sector público y el privado, para la ejecución de obras, servicios, suministros o proyectos. Estos principios y reglas de armonización de los sistemas contractuales en los ordenamientos de los Estados miembros se han extendido incluso a sujetos o entidades de naturaleza jurídicoprivada que actúan en el mercado contractual de ciertos sectores o actividades «especiales» al lado de los poderes públicos. Para lograr una más eficaz y eficiente administración del gasto público en todos los Estados de la Unión Europea y, sobre todo, para llegar al mayor grado de competitividad, en condiciones de igualdad y no discriminación de los agentes económicos europeos, se han implantado unos cánones de actuación inesquivables. El nivel económico y ciertas características de los contratos son, sin embargo, determinantes por ahora de la aplicación de estas reglas
