La contratación pública ha alcanzado dimensiones espectaculares. Si las Administraciones públicas está sujetas a rigurosas normas internas en la celebración y realización de sus contratos, no es sólo porque los poderes legislativos consideren imprescindible el establecimiento de parámetros de actuación en defensa y protección de los intereses generales, particularmente los criterios de la eficiencia y economía del gasto público, sino porque la integración en la Unión Europea así lo exige. Motivaciones variadas, pero sustentadas en el objetivo de la cohesión y unidad del mercado europeo, imponen a los poderes públicos de los Estados miembros un comportamiento homogéneo en cuanto a la utilización de recursos públicos, a través de la figura contractual y, por tanto, de la colaboración del sector público y el privado, para la ejecución de obras, servicios, suministros o proyectos. Estos principios y reglas de armonización de los sistemas contractuales en los ordenamientos de los Estados miembros se han extendido incluso a sujetos o entidades de naturaleza jurídicoprivada que actúan en el mercado contractual de ciertos sectores o actividades «especiales» al lado de los poderes públicos. Para lograr una más eficaz y eficiente administración del gasto público en todos los Estados de la Unión Europea y, sobre todo, para llegar al mayor grado de competitividad, en condiciones de igualdad y no discriminación de los agentes económicos europeos, se han implantado unos cánones de actuación inesquivables. El nivel económico y ciertas características de los contratos son, sin embargo, determinantes por ahora de la aplicación de estas reglas