Se comenta el proceso de integración subregional del Cono Sur de América Latina hacia la concreción de un Mercado Común (MERCOSUR), y se señalan las fallas más importantes, en función de la experiencia argentina. Se discute la participación de la sociedad civil en el proceso, se examina el rol regulador del Estado y se plantean conclusiones y recomendaciones al respecto.

En la primera parte del documento se caracteriza el accionar de los sectores sociales, haciendo referencia a su capacidad de anticipación y a su real posición estratégica en el proceso de integración. Se identifican las diferencias más relevantes que se advierten entre los distintos segmentos de la sociedad civil en cuanto a captar las ventajas derivadas de la puesta en marcha del

MERCOSUR, y los mecanismos en que el Estado ha pretendido compensar estas desigualdades potenciales.

En el caso de la Argentina se aprecia un serio desfasaje estructural en el sector empresarial. En un extremo se ubica el empresariado altamente concentrado, cuyas decisiones rápidas y eficientes no requieren del apoyo estatal, mientras que en el otro extremo se encuentra un porcentaje mayoritario de la pequeña y mediana producción, con serias dificultades de inserción y supervivencia, que percibe el proceso de integración como un factor agravante de su propia inestabilidad estructural.

El Estado argentino ha venido operando en relación a distintas organizaciones sociales en la búsqueda de caminos eficientes para afirmar su presencia protagónica en el esquema integrador. Sin embargo, el MERCOSUR no ha constituido aún un debate nacional abierto y participativo. Las decisiones de los gobiernos-miembros se han adoptado en las cúpulas oficiales con base en consultas con organizaciones sociales representativas, pero no confrontadas en discusiones generalizadas.

La segunda parte del documento ofrece una opción alternativa para el proceso de integración subregional a gestionar desde la realidad argentina, tendiente a impulsar una presencia más dinámica y eficaz de las capacidades reguladoras del Estado, de modo de satisfacer objetivos plenamente compartidos por los distintos sectores de la sociedad.

La función reguladora del Estado, en un nuevo modelo de acumulación, debe cambiar pero no desaparecer. El Estado debe mantener un papel primordial en el área de la ciencia y la tecnología, debe propiciar la conformación de nuevos compromisos sociales en la forma de gestionar la fuerza de trabajo, para ubicar a la economía local en la mejor posición frente a la economía mundial. A manera de conclusión se señala que el Estado, ya sea como responsable de los destinos nacionales o actuando a escala internacional, no puede desentenderse de los problemas económicos, sociales y políticos resultantes de las profundas transformaciones en curso, en especial a lo que concierne a la formación de bloques económicos como el MERCOSUR. Un nuevo rol del Estado incluye un desempeño activo en la definición y promoción de políticas globales y sectoriales, para que la sociedad, y en especial los sectores más desfavorecidos, no queden relegados o resulten negativamente afectados por los procesos de integración.