Este artículo comienza con una afirmación polémica: a pesar de lo que se lee o se oye en textos y foros relativos a la calidad en los servicios públicos, no hay que prestar servicios públicos tal como los demanda el usuario o potencial usuario. Y esta idea se desarrolla enlazándola con el esfuerzo de las administraciones públicas actuales por introducir el elemento de la "calidad" en su gestión. A lo largo de la exposición se matiza la primera afirmación, argumentando que aunque es recomendable que la administración pública conozca los deseos de sus usuarios y de sus potenciales usuarios, éstos no deben constituirse en el único criterio para la planificación de los programas y servicios, sino ser uno de los criterios, junto con los políticos y técnicos. Aceptar la afirmación de que "la calidad de los servicios públicos es la satisfacción de las expectativas del cliente externo e interno al menor coste posible" tiene, al menos, dos problemas importantes: (i) que es difícil encontrar un consenso entre los diferentes grupos de población sobre los servicios que deben tener prioridad y sobre las dimensiones (o características) más importantes de éstos; y (ii) que lleva a asumir que los programas y servicios públicos deben diseñarse únicamente en función de lo que la población (o parte de la población) desea.

Dependiendo de cuáles sean los objetivos que se definen para el programa o servicio y cuáles sean los criterios que se utilicen para definir el grado de éxito o fracaso del mismo, la valoración y las conclusiones que se obtengan en una evaluación pueden ser diferentes. Por ello, aceptar que el objetivo principal de un programa o servicio público es la satisfacción del cliente, desvirtúa la capacidad y la prioridad de la administración pública de actuar con criterios políticos y técnicos.