La proliferación de instrumentos destinados a medir la calidad institucional se sustenta en una idea que ha llegado a ser aceptada tanto por los teóricos como por los técnicos del desarrollo: la forma en la que el poder es ejercido a través de las instituciones políticas, económicas y sociales de un país condiciona sus posibilidades de desarrollarse sustentable y equitativamente. Tal como lo aseguran Kaufmann y sus colaboradores, el consenso general parece ser que “la calidad de gobierno importa”.

En función de esta premisa, los países en vías de desarrollo se ven periódicamente diagnosticados, evaluados, clasificados, comparados y hasta “rankeados” por parte de las múltiples iniciativas que en el mundo se encuentran dedicadas a la medición de la “calidad institucional” en sus diversas dimensiones. Estos ejercicios tienen importantes consecuencias prácticas, dado que en función de estas calificaciones se toman decisiones de negocios y políticas que afectan a los países muy directamente.

Pero además, la noción de calidad institucional tiene un aspecto prescriptivo que se deriva de los valores que la inspiran: la legitimidad democrática de los gobernantes, la participación de los gobernados, la responsabilidad de los órganos de gobierno frente a la ciudadanía, la transparencia en la gestión de los asuntos públicos, la articulación entre los intereses públicos y privados, la resolución de los conflictos de acuerdo con el derecho, y la efectividad del Estado para proveer bienes y servicios públicos y promover el crecimiento con inclusión. Estos valores constituyen en sí mismos la base de una agenda de reforma para cuya promoción los indicadores de calidad institucional tienen un gran potencial que hasta ahora ha sido poco explotado.

Los indicadores altamente agregados han sido extremadamente útiles a la hora de demostrar las correlaciones positivas de la calidad institucional con indicadores de crecimiento económico y reducción de la pobreza. En este sentido, han contribuido a llamar la atención de los técnicos y los decisores sobre la importancia de la calidad de las instituciones para el desarrollo, lo que constituye un importante aporte práctico.

Pero ahora que sabemos que las instituciones importan, queda por averiguar qué instituciones importan en mayor medida y para qué resultados. Avanzar en la determinación de estos vínculos requerirá probablemente recurrir a indicadores más desagregados y específicos, en términos de identificar instituciones y procesos cuyo funcionamiento pueda estar afectando los resultados generales del marco institucional. Estas herramientas tienen la ventaja de aportar información que contribuye a detectar debilidades concretas en el diseño institucional de un país y su implementación, y tienen un gran potencial para ser utilizadas tanto por los hacedores de política como por aquellas organizaciones de la sociedad civil interesadas en promover la agenda de la calidad institucional, identificando problemas específicos y aportando soluciones concretas.