Durante los años 90, en Argentina, tras los procesos de reforma del Estado nacional y de descentralización y privatización de muchas de sus funciones y competencias, los gobiernos provinciales y municipales se convirtieron en actores fundamentales de la vida democrática del país, al asumir un rol activo en la resolución de una serie de demandas ciudadanas que hasta ese momento permanecían en la órbita nacional.

En cierta medida, se trató de un fenómeno mundial. Producto de la globalización, el Estado-nación se había visto compelido a redefinir su modo y ámbito de actuación, y la “devolución” de facultades hacia instancias inferiores de gobierno fue vista por algunos analistas como un mecanismo idóneo para poner en práctica una nueva manera de gestionar los asuntos públicos. En efecto, por sus dimensiones, los gobiernos locales disponen de la posibilidad de entablar un vínculo estrecho con sus representados, confiriéndoles a éstos un papel destacado en el proceso de deliberación, definición y monitoreo de las políticas públicas. Tales características explican que en los últimos años los niveles subnacionales se hayan constituido en un laboratorio de experimentación de diversas herramientas de participación y control ciudadano.

Sin embargo, en Argentina, el proceso de descentralización de funciones y atribuciones hacia las esferas subnacionales no tuvo por objeto reformular la relación de representación política, sino básicamente “achicar” el Estado-nación. No había una teoría democrática detrás de la reforma de los 90. Así, ni las provincias ni los municipios fueron provistos de las herramientas necesarias para asumir el cúmulo de responsabilidades que el Estado nacional había decidido abandonar de manera abrupta.

Una revisión crítica sobre la experiencia acaecida en esos años contribuye a poner en tela de juicio no a la descentralización en sí misma, sino más bien al modo en que se han establecido las relaciones entre los distintos niveles de gobierno. En tal sentido, el presente trabajo propone un modo alternativo de interacción entre el Estado nacional, los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales. Desde la perspectiva analítica que aquí se postula, la apuesta consiste en dilucidar mecanismos de cooperación y coordinación entre las distintas entidades de gobierno, a fin de que puedan aprovecharse cabalmente las potencialidades de los tres niveles de gobierno. El rol de los Consejos Federales como respuesta a procesos de descentralización, y en particular el rol del Consejo Federal de la Función Pública, son analizados en detalle.

La principal conclusión es que la cooperación intergubernamental permite optimizar la calidad de la gestión, y también la democracia en todos los niveles de gobierno, construyendo instituciones abiertas y transparentes al control y la participación ciudadana.